Tema 14. Tema: La España democrática.
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TEMA 14. LA
ESPAÑA DEMOCRÁTICA
Al
producirse la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 acabó una etapa
histórica que había arrancado de la Guerra Civil de 1936-39 y comenzaba otra
con la vuelta de la monarquía encarnada por el rey Juan Carlos I de Borbón,
a quien el dictador había nombrado sucesor en 1969. Por aquellas fechas el
futuro político del país se presentaba muy incierto. Tres eran las
alternativas:
§ El mantenimiento de las estructuras franquistas,
pero ahora sin Franco (inmovilistas). El referéndum de 1976 y las sucesivas elecciones
demostraron que este sector “ultra” era muy minoritario.
§ La ruptura democrática, que propugnaba toda la
oposición. Solicitaban la formación de un gobierno provisional que legalizara a
todos los partidos y sindicatos, concediera una amnistía para los presos
políticos y convocara elecciones generales libres.
§ La reforma política, propugnada por el sector más
moderado del régimen franquista y cuyo mejor representante fue Adolfo Suárez.
Según éste, para evitar el riesgo de una nueva guerra civil había que pasar de
la dictadura a la democracia paulatinamente (“sin prisa pero sin pausa”),
mediante reformas alentadas desde el poder y respetando la legalidad franquista
que seguía vigente.
Contrariamente
a lo que opinaban la mayoría de los analistas políticos (porque la consideraban
inviable y sin precedentes), esta última alternativa fue la que prosperó.
La
transición a la democracia estuvo llena de
dificultades y problemas, agravados en los primeros años por las consecuencias
de una situación internacional de profunda crisis económica. Pero la voluntad
democrática de la gran mayoría de los ciudadanos y la actitud moderada y
conciliadora de los dirigentes políticos la hicieron posible. El resultado de
estos esfuerzos fue la Constitución de 1978, cuyo texto fue “consensuado” entre
casi todos los grupos políticos. De hecho, tanto la transición como la propia
Constitución gozan de gran prestigio y han servido de modelo a diversos países
latinoamericanos y del este de Europa que pasaron hace pocos años desde unos
regímenes dictatoriales a otros de corte democrático.
En
estos años de Democracia en España ha gobernado primero Unión de Centro Democrático
(1977-82), después el PSOE (1982-1996), más tarde el Partido
Popular (1996-2004), de nuevo el PSOE (2004-2011) y, desde noviembre
de 2011, otra vez el Partido Popular. Uno de los hechos
más transcendentes fue la integración de nuestro país en 1986 como miembro de
pleno derecho en la Comunidad Económica Europea (hoy denominada Unión Europea), lo
que ha posibilitado un fuerte desarrollo económico que nos ha ido acercando a
los parámetros de bienestar de los países de nuestro entorno. También podemos
concluir que actualmente el sistema democrático se encuentra firmemente
asentado, quedando superada la incertidumbre de la época de transición, durante
la cual se produjeron algunos intentos de la extrema derecha para volver a un
régimen dictatorial.
1.
LA
TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA
Todavía hoy los historiadores siguen
discutiendo sobre los límites cronológicos del periodo de transición a la
democracia, tanto respecto a su inicio como al final. Algunos historiadores
opinan que esa etapa comienza con el atentado etarra que costó la vida al
presidente del Gobierno Carrero Blanco en diciembre de 1973, personaje que
parecía destinado por Franco para tutelar al entonces príncipe Juan Carlos
cuando éste llegara a la Jefatura del Estado. Otros consideran que el inicio
está en la fecha de la muerte del dictador (20-11-75). Y no faltan quienes lo
aplazan, ya durante la Monarquía juancarlista, hasta la destitución del
presidente Arias Navarro y su sustitución por Adolfo Suárez (1 de julio
de 1976). Pero tampoco hay acuerdo en la historiografía sobre cuándo finaliza
la transición, barajándose la de la celebración de las primeras elecciones
libres (15 de junio de 1977), la de la aprobación de la Constitución (diciembre
de 1978) o incluso la de la llegada al poder por primera vez del PSOE (octubre
de 1982).
1.1.
El
periodo 1975-1977
El 22 de noviembre de 1975, dos días
después de la muerte del dictador, las Cortes
franquistas aclamaban al rey Juan Carlos. El nuevo Jefe del Estado
concedió una amnistía, aunque limitada, y ratificó a Carlos Arias Navarro en
su puesto de presidente del gobierno. Es decir, daba una de cal (al acceder a
una de las peticiones de la oposición democrática: la amnistía) y otra de
arena, puesto que nombraba para el principal cargo político a un político que
pretendía continuar el Franquismo.
Arias Navarro diseñó un programa de
gobierno muy poco reformista, pese a los deseos del Rey, que incluía una cierta
suavización del régimen en lo referente a libertades ciudadanas, pero sin
aceptar en absoluto la idea de la necesidad de ir hacia una auténtica
democracia. Además sus ministros estaban divididos entre reformistas e
inmovilistas, por lo que el gobierno resultaba ser muy poco operativo.
La conflictividad social (más de 17.000
huelgas en el primer trimestre de 1976) y política es la característica más
notable de este periodo. Hubo también graves incidentes: en Vitoria murieron
cinco trabajadores en un enfrentamiento con la Policía y en Montejurra
(Navarra) otros dos al enfrentarse los dos sectores en que estaba dividido el
carlismo. Además la actividad terrorista de los etarras arreciaba, buscando sus
víctimas principalmente entre miembros de las fuerzas de orden público y
militares. El riesgo de que un sector del Ejército realizara un golpe de estado
para acabar con el desorden y la inestabilidad era evidente. Este peligro, casi
una obsesión, influyó decisivamente en la moderación de las fuerzas
democráticas de oposición.
El fracaso del gobierno de Arias
demostraba la imposibilidad de prolongar el Franquismo sin Franco. El 1 de
julio de 1976 el Rey fuerza la dimisión de Arias y nombra como nuevo
presidente a un personaje poco conocido hasta entonces: Adolfo Suárez. Éste prometió
desde el principio que antes de un año habría elecciones libres y democráticas,
así como la legalización de los partidos políticos y sindicatos. Sin embargo la
oposición tenía muchas dudas sobre las intenciones del nuevo presidente, el
cual comenzó a establecer contactos discretos con los líderes del PSOE (Felipe
González) y PCE (Santiago Carrillo), partidos que todavía estaban fuera de la
ley.
Suárez quería evitar a toda costa la
posibilidad de que el Ejército se pusiera en pie de guerra y acabara la
transición democrática con un golpe de estado. Para ello adoptó dos medidas:
nombrar como ministro de Defensa al general Gutiérrez Mellado, un hombre
liberal cuya misión sería controlar a los posibles militares golpistas; y
prometió que la transición a la democracia se realizaría respetando la
legalidad vigente, es decir sin apartarse de las leyes del Franquismo. Éste era
el objetivo de la Ley para la Reforma Política, presentada a las Cortes en
setiembre de 1976. Entre las presiones de Suárez, del presidente de las Cortes
–Fernández
Miranda– y del propio rey, los procuradores (que era como se
denominaban los diputados de las Cortes franquistas) acabaron aceptando esta
ley que implicaba su propia desaparición, es decir una especie de suicidio
político. El 15 de diciembre de 1976 la Ley fue sometida a referéndum,
consiguiendo una abultada mayoría de votos favorables.
En los meses que van desde diciembre de
1976 (referéndum de la Ley para la Reforma Política) hasta junio de 1977
(celebración de las primeras elecciones democráticas) la violencia callejera
alcanzó sus mayores cotas, tanto por parte de ETA y el GRAPO
(grupos de extrema izquierda) como de extrema derecha (atentado contra los
abogados laboralistas de CC.OO. de Madrid, enero de 1977). La conflictividad en
las universidades y en las empresas no cesó en ningún momento, contribuyendo
así a crear la sensación de provisionalidad e inseguridad. Los rumores que
hablaban de la inminencia de un golpe de estado militar, alentados por la
prensa de extrema derecha, fueron permanentes. Tal y como había prometido, el
presidente Suárez fue legalizando poco a poco a los partidos políticos y a los
sindicatos. Fue especialmente conflictiva la legalización del PCE (que
por entonces era el partido mejor organizado, con más militantes y más
prestigio por su protagonismo en la lucha antifranquista), ocurrida el sábado
santo de 1977 para aprovechar que muchos militares estaban de vacaciones de
Semana Santa, queriendo evitar así una posible reacción golpista. Para muchos
analistas políticos, la legalización de los comunistas constituyó el momento
más delicado de toda la transición
Por fin, tras una intensa campaña, se
celebraron con normalidad las primeras elecciones de la transición
a la democracia el 15 de junio de 1977. El partido vencedor fue Unión
de Centro Democrático, UCD, un partido de centro-derecha recién creado
por el presidente Suárez (35 % de los votos). El PSOE, con el 30 % de los votos,
ganó con holgura la “batalla de la izquierda” al PCE, que obtuvo unos resultados
mucho más modestos de lo que se podía pensar dada su capacidad de movilización
(sólo el 9 %). El partido de la derecha
franquista, Alianza Popular, fue el otro gran derrotado (8 % de los votos).
De todos los grupos nacionalistas, sólo los vascos de Arzallus y los catalanes
de Pujol obtuvieron representación parlamentaria. La extrema derecha (Fuerza
Nueva) también fracasó estrepitosamente.
1.2.
El
periodo 1977-1978
El nuevo gobierno de Suárez formado en
julio de 1977 ya tenía la legitimación de las urnas. Sus objetivos a partir de
entonces serán combatir la crisis económica, iniciar negociaciones con la
Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea) con vistas al ingreso de
nuestro país, realizar una profunda reforma fiscal, comenzar el proceso de descentralización
política y administrativa y, como tarea más inmediata y de mayor trascendencia,
entablar conversaciones con las demás fuerzas políticas con el fin de negociar
la redacción y aprobación de una constitución.
Respecto a la economía, hay que recordar
que desde 1973 se vivía en todo el mundo una grave crisis económica
cuyos efectos se reflejaban en la subida desmesurada de los precios (inflación
del 26 % en 1977), el aumento del déficit público, el cierre de empresas y el
crecimiento imparable del desempleo. La coincidencia de la transición política
de la dictadura a la democracia con esta coyuntura de crisis económica
internacional (con el consiguiente malestar social) hizo temer a muchos por la
recién nacida democracia. Recordemos que en el fracaso de la II República tuvo
mucho que ver la situación económica (la Gran Depresión de los años treinta).
El nuevo ministro de Economía (Fuentes Quintana) y el propio presidente Suárez
consiguieron que en octubre de 1977 los partidos políticos, sindicatos y empresarios
firmaran un gran acuerdo económico, conocido como los Pactos de la Moncloa.
Pero el asunto de más trascendencia de
este periodo fue la negociación que permitió aprobar una constitución, la de 1978.
En su artículo primero, la Constitución define a España como un “estado social
y democrático de derecho”, indicando también que la Monarquía Parlamentaria es
la forma política del Estado español (recordemos que los grupos de izquierda
eran partidarios de la República, pero cedieron en sus principios al aceptar la
forma de estado monárquica). Muy importante por su trascendencia en la
configuración territorial es también el artículo 2, que habla de la
“indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos
los españoles”, al tiempo que “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía
de las nacionalidades y regiones que la integran”. Se pretendía de esta manera
atender las reivindicaciones de los grupos nacionalistas, que aspiraban a
obtener un estatuto de autonomía. Podemos decir nuestra constitución es una de
las más liberales y avanzadas que existen actualmente.
1.3.
El
periodo 1979-1982
Una vez aprobada la Constitución al final
de 1978, el gobierno de Suárez dimitió para convocar nuevas elecciones, que se
celebrarían ya conforme a lo establecido en el texto constitucional recién
estrenado. En estas segundas elecciones generales de la democracia (1 de marzo
de 1979) los resultados variaron muy poco respecto a las primeras, y repitió
triunfo UCD. Dos meses más tarde tuvieron lugar las primeras elecciones
municipales con triunfo de la izquierda en las principales ciudades. Muchos
socialistas, convertidos ahora en alcaldes o concejales, adquirieron una
experiencia política de gobierno que les resultaría muy valiosa unos años
después.
Durante los últimos gobiernos de UCD
(1979-82) debemos señalar como acontecimientos más importantes los siguientes:
§ Continuó
la actividad
terrorista etarra, a pesar de la aprobación en 1979 de un estatuto de
autonomía para el País Vasco. También Herri Batasuna, rama política de ETA, fue
aumentando lentamente el número de sus partidarios y votantes.
§ Divisiones
en el partido del gobierno, UCD, respecto a la concepción
del “estado de las autonomías”, así como otras causas: el proyecto de ley que
legalizaba y regulaba el divorcio, la falta de acuerdo con la Iglesia por el
tema de la enseñanza. Todo ello, así como los intensos rumores de golpe
militar, fueron las causas de la dimisión de Adolfo Suárez (29 de enero de
1981).
§ Precisamente
cuando el 23 de febrero de 1981 en el Congreso de los Diputados se estaba
celebrando la votación para investir al nuevo presidente que sustituiría a
Suárez (Leopoldo Calvo Sotelo, también de UCD), fue cuando se hizo realidad el
tan temido golpe de estado. Tuvo éste dos escenarios y protagonistas. En
Madrid el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero al mando de
un destacamento de guardias civiles tomó el Congreso y secuestró al Gobierno y
a los diputados. Y en Valencia el capitán general Miláns del Bosch proclamó el
estado de guerra y sacó las tropas a la calle en toda la región militar.
Finalmente, ya en la madrugada, el Rey se dirigió a la nación por televisión,
ordenando a todas las unidades militares volver a sus cuarteles. La rendición
de los guardias civiles en el Congreso se produciría en la mañana del día
siguiente.
§ La
división interna de UCD se acrecentó tras la salida del gobierno de Adolfo
Suárez. Hubo hasta cuatro grupos políticos en el Congreso formados por
diputados que habían pertenecido a UCD. Incluso el propio Suárez abandonó el
partido que él mismo había fundado para crear otro (Centro Democrático y
Social, CDS), que fracasaría en elecciones posteriores.
La total ruptura de UCD obligó al presidente
Calvo Sotelo a adelantar las elecciones generales, que se celebrarían
el 28 de octubre de 1982. La victoria arrolladora del PSOE de Felipe
González (con 10 millones de votos y mayoría absoluta), el hundimiento
de UCD, el ascenso de AP (liderado por Manuel Fraga, que recogió muchos votos
anteriormente centristas), y la caída en picado del PCE (que provocaría la
dimisión de Carrillo como secretario general) son los aspectos más destacados
de estas elecciones generales. El vuelco político fue tal que podemos hablar
del fin de una etapa histórica y del comienzo de otra, en la que los
socialistas serán dueños absolutos de la situación durante catorce años.
|
1. ¿Por qué se suelen destacar a los personajes del Rey, Juan Carlos I, y Adolfo Suárez como claves en el proceso de la transición? |
2. LA CONSTITUCIÓN DE 1978:
INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS
La discusión, elaboración y aprobación de
la Constitución de la democracia fue el problema más complejo y de mayor
trascendencia de todo el periodo de transición política. Para comprender la
enorme dificultad que suponía esta cuestión debemos tener presente el contexto
de crisis económica (crecimiento desmesurado del paro y de la inflación),
malestar social, temor a un golpe de estado militar, acciones terroristas casi
a diario, etc. En definitiva, los dirigentes políticos y la sociedad en su
conjunto eran conscientes de la extrema debilidad de la recién nacida
democracia, así como de la necesidad de renunciar a algunos de los principios
políticos propios con el fin de alcanzar un acuerdo lo más amplio posible. En
efecto, por primera vez en nuestra historia constitucional la ley suprema no
era impuesta por el partido en el poder (UCD en este caso) sino que iba a ser
pactada por las principales fuerzas políticas, que buscaron los puntos de vista
comunes y dejaron de lado o cedieron en los aspectos donde no era posible el
acuerdo. A esta forma de actuar se la llamó política del “consenso”. (El único
precedente está en la constitución de 1876, la de la Restauración. Pero
entonces sólo participaron en el pacto los dos partidos del sistema -Liberal y
Conservador-, excluyendo de la vida política a los demás).
En su elaboración, el proyecto
constitucional siguió un largo y complicado proceso que comienza en agosto de
1977 cuando se forma una Ponencia integrada por siete diputados en
representación de UCD, PSOE, PCE, AP y Grupo Catalán, que se encargó de
redactar un Borrador. La referencia a la “indivisibilidad de la nación
española” del artículo 2 provocó la protesta del PNV (y la posterior abstención
o voto negativo de este grupo en el referéndum). Después de superar distintos
trámites, el Proyecto sería aprobado por las comisiones constitucionales y el
pleno tanto del Congreso de los Diputados como del Senado (hubo que discutir y
votar más de 3.000 enmiendas). En ambas cámaras el voto favorable al proyecto
constitucional fue aplastante. Los pocos votos en contra o las abstenciones
correspondieron a algunos diputados de Alianza Popular y de los grupos
nacionalistas vasco o catalán. El 6 de diciembre de 1978 el proyecto de
Constitución fue sometido a referéndum, recibiendo el apoyo mayoritario
del pueblo español (87´9 % de votos a favor; 7´8 % en contra; 3´5 % en blanco). Ya sólo faltaban
los trámites de la sanción real (es decir la firma del rey, 27 de diciembre) y
de la publicación del texto en el BOE (29 de diciembre).
La Constitución de 1978 consta de 169
artículos comprendidos en un título preliminar y otros diez numerados, además
de varias disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y una
disposición final. El título más extenso es el I (con 46 artículos, trata de
los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos) y el más corto es el X
(que se refiere a la reforma constitucional, con sólo cuatro artículos). En su
artículo primero, la Constitución define a España como un “estado social y
democrático de derecho”, indicando también que la Monarquía Parlamentaria es la
forma política del Estado español (recordemos que los grupos de izquierda eran
partidarios de la República, pero cedieron en sus principios al aceptar la
forma de estado monárquica). Muy importante por su trascendencia en la
configuración territorial es también el artículo 2, que habla de la
“indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos
los españoles”, al tiempo que “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía
de las nacionalidades y regiones que la integran”. Se pretendía de esta manera
atender las reivindicaciones de los grupos nacionalistas, que aspiraban a
obtener un estatuto de autonomía. Los artículos del título I detallan con
minuciosidad los derechos tanto individuales como sociales de los ciudadanos,
sus deberes y las garantías de los derechos. Podemos decir que en ese terreno
nuestra constitución es una de las más liberales y avanzadas que existen
actualmente. Se establece en el art.14 la igualdad ante la ley de todos los
españoles. Los poderes del rey (art. 62) son tan limitados que puede decirse
que en la práctica no tiene ninguno, siguiendo la moderna tradición de las
monarquías constitucionales europeas (el Rey reina, pero no gobierna). Las Cortes
Generales están compuestas por dos cámaras: el Congreso de los Diputados es la
cámara de representación política, mientras que el Senado se configura como una
cámara de representación territorial (en donde están representadas las
provincias y comunidades autónomas). El Presidente del Gobierno es elegido por
el Congreso, y debe responder de su labor ante las Cortes tanto él como los
ministros que designe. Se establece la posibilidad de que el Congreso censure
la labor del Gobierno, en cuyo caso el presidente presentará la dimisión al Rey
y será elegido automáticamente el diputado que encabece la moción de censura.
La Justicia es independiente de los otros poderes (título VI). El más
controvertido de todos los títulos fue el VIII, que se refiere a la organización
territorial del estado español: tanto los municipios como las regiones que lo
deseen pueden funcionar con autonomía. Hubo que negociar la lista de
competencias exclusivas del estado y las que podrían traspasarse a las
comunidades autónomas, lo que resultó enormemente problemático. Y no lo fue
menos la distinción de dos categorías de comunidades autónomas: las históricas
(denominadas en el mismo texto constitucional “nacionalidades”) y las demás
(“regiones”). Éstas se sintieron agraviadas, lo que provocó el nacimiento de
una oleada de nacionalismos en todas partes, incluidas las regiones que no
tenían la menor tradición.
Desde su aprobación en diciembre de 1978
la Constitución española sólo ha sido sometida a una levísima reforma, que es
consecuencia de la integración española en las estructuras de la Unión Europea.
Se trata del art. 13.2, que ya preveía desde su redacción inicial la
posibilidad de que ciudadanos extranjeros pudieran tener el derecho de sufragio
activo (es decir, el derecho a votar) en las elecciones municipales. La
reforma, consensuada por todos los grupos políticos, consistió en añadir “…y
pasivo…”, abriendo así la posibilidad de que los ciudadanos de países de la
U.E. que residan en territorio español puedan ser también candidatos en dichas
elecciones.
Globalmente se puede afirmar que la
Constitución de 1978 ha funcionado razonablemente bien. Durante su vigencia
–que sigue hasta la fecha- España ha pasado de ser un “país en vías de
desarrollo” (expresión muy usada en los años sesenta y setenta, que se refería
a los países de nivel intermedio entre los desarrollados y los
subdesarrollados) a estar considerado como uno más del mundo rico. Los niveles
de renta y bienestar social de los españoles se han incrementado
considerablemente, lo que demuestra que el marco político que supone la
Constitución sí era el adecuado.
Uno de los problemas más complejos y
trascendentes de la época de la transición (y que todavía sigue sin una
resolución definitiva) derivaba de la aspiración de algunas regiones de
autogobernarse mediante un estatuto de autonomía. Lo cierto es que
históricamente sólo en dos regiones (País Vasco y Cataluña) y, en mucha menor
medida otras tres (Galicia, Andalucía, Canarias), había arraigado un fuerte
sentimiento nacionalista. El Franquismo, por su concepción centralista del
estado, había perseguido las manifestaciones culturales y políticas de esas
regiones. Por tanto la lucha antifranquista adquirió en el País Vasco y
Cataluña un carácter al mismo tiempo pro-democrático y nacionalista, de
reivindicación de su cultura autóctona y de rechazo hacia la españolidad
impuesta.
La vuelta del presidente de la Generalitat
en el exilio (Josep Tarradellas) permitió establecer provisionalmente un
gobierno autonómico en Cataluña que recuperaba la legitimidad de la II
República. En cambio en el País Vasco el problema era mucho más grave por la
falta de acuerdo entre los distintos partidos respecto al territorio de la
comunidad autónoma (polémica sobre la inclusión o exclusión de Navarra), y por
el fenómeno del terrorismo etarra y las secuelas derivadas de él. Finalmente se
aprobó la creación en 1977 de un Consejo General Vasco, precursor del actual
gobierno autónomo. Entre los años 1979 y 1980 fueron aprobados los estatutos de
autonomía de Cataluña, País Vasco y Galicia, tras ser sometidos a referéndum a
sus respectivas poblaciones. Dichos estatutos han estado vigentes hasta
nuestros días, aunque es probable que sean reformados próximamente. En el caso
de Andalucía también hubo un polémico referéndum que igualaba su estatuto de
autonomía al nivel de las nacionalidades históricas, a pesar de que esa región
nunca había contado con estatuto autonómico. Finalmente todas las regiones en
que se estructuró el país (17 en total) se convertirían en otras tantas
comunidades autónomas entre 1980 y 1983, al aprobarse sus respectivos textos
estatutarios (a ellas hay que añadir las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla).
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2. ¿Por qué piensas que el sistema autonómico fue visto como una buena solución en 1978? |
3. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS Y LA INTEGRACIÓN EN EUROPA
Ya se ha indicado que en el periodo
1977-82 gobernó la UCD, el partido fundado por Adolfo Suárez, ganador en las
dos elecciones generales celebradas en esa etapa (1977 y 1979). Tras las
diferentes divisiones de ese partido (que precipitaron la salida del mismo de
su fundador), el Partido Socialista Obrero Español ganó por mayoría absoluta
las siguientes elecciones el 28 de octubre de 1982. Se abría así una larga
etapa durante la cual el PSOE ganó sucesivamente cuatro elecciones generales
(1982, 1986, 1989 y 1993). Hay que esperar a 1996 para que otro partido, el
Partido Popular (heredero de Alianza Popular), llegara al poder de la mano de
José María Aznar. En el año 2000 el PP repitió triunfo, en este caso por
mayoría absoluta. Y ya el 14 de marzo de 2004, contrariamente a lo que
anunciaban las encuestas preelectorales, fue el PSOE el ganador con José Luis
Rodríguez Zapatero. Vuelve a repetir en 2008, hasta que la crisis económica
provocará el adelanto de las elecciones a 2011, momento en el que gana las
elecciones el PP de Mariano Rajoy.
Únicamente vamos a hacer referencia a la
integración de España en los organismos internacionales, saliendo así de la
larga etapa de aislamiento que había comenzado al terminar la Guerra Civil. El
primer paso lo dio el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo en 1982, al decidir que
España entrase en la OTAN (organización militar liderada
por Estados Unidos), medida a la que se opuso toda la izquierda, incluido el
PSOE. Felipe González se comprometió entonces a que cuando fuera presidente
convocaría un referéndum sobre la permanencia o salida de dicho organismo. Una
vez en el poder y presionado por los países occidentales (España estaba
entonces negociando la entrada en la Comunidad Económica Europea), el PSOE
cambió de posición y solicitó el voto favorable a la permanencia de nuestro
país en la OTAN en un referéndum que se celebró en 1986. El 52,5 % del
electorado votó “sí” gracias a la intensa campaña desarrollada por González.
Las negociaciones para la entrada de
España en la CEE (Comunidad Económica Europea, posteriormente denominada Unión
Europea) habían comenzado en tiempos de UCD, pero tardaron seis años en
fructificar (ya en la etapa socialista). El principal escollo había sido
Francia, cuyos agricultores veían con temor la amenaza de los productos
españoles, de precios muy competitivos. Finalmente se cerró el acuerdo en 1985,
entrando en vigor el 1 de enero de 1986. Este hecho ha tenido una trascendencia
inmensa para nuestra economía. Los fondos europeos han servido para financiar
las infraestructuras viarias y modernizar todo el tejido empresarial. El
resultado ha sido un crecimiento casi ininterrumpido que ha hecho posible la
mejora sustancial del nivel de vida en nuestro país.
3.1. Los
gobiernos de Felipe González
Las elecciones del 28 de octubre de 1982
cambiaron el mapa político de España. El PSOE ganó las elecciones por mayoría
absoluta con el lema “por el cambio”. Felipe González dirigió la campaña
con un discurso de izquierdas moderado que atrajo el voto útil. UCD, casi
desintegrada, obtuvo unos resultados muy pobres, ocupando su lugar Alianza
Popular, liderada por Manuel Fraga, que quedó como el segundo partido más
votado. El PCE-PSUC redujo a la mitad sus votos y escaños. Insignificante fue
el resultado del CDS de Suárez. Solo 105 nacionalistas mantuvieron estable su
voto.
El PSOE obtuvo la mayoría absoluta en
octubre de 1982 y Felipe González alcanzó la presidencia del gobierno, en la
que se mantendría hasta 1996, la mayor parte de ese tiempo con mayoría absoluta
en el Congreso (solo tuvo mayoría relativa durante su última legislatura,
1993-1996). Esto otorgó una gran estabilidad a sus gobiernos.
El aspecto negativo de las mayorías
absolutas fue que propiciaron el abuso de poder y desvirtuaron la función de
algunas instituciones fundamentales, como las Cortes, que apenas pudieron
ejercer el papel de control sobre el ejecutivo. Además, la falta de control
facilitó que muchos se enriquecieran al amparo del poder. La segunda mitad de
los ochenta fue propicia en casos de corrupción y en el desarrollo de una
cultura basada en el éxito y el enriquecimiento rápido, que vino a constituir
la llamada «cultura del pelotazo».
Ø
Una política reformista
La política de González fue moderada,
continuista y, durante los primeros años, dirigida ante todo a consolidar la
democracia. Su victoria parecía poner fin a la transición, al conseguir que un
partido político antifranquista obtuviera el gobierno a través de unas
elecciones democráticas.
Desde el principio el gobierno fue
adoptando una serie de reformas que supusieron la transformación y
la modernización de España, que pasó a consolidarse como un país
desarrollado.
§ Se
reformaron instituciones fundamentales, como el ejército, para contrarrestar
movimientos involucionistas, y la administración del Estado.
§ Se
modificó el código civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
§ Se
aprobó un cambio en los diferentes niveles del sistema educativo a
través de diversas leyes (LODE, LOGSE, LRU).
§ Se
aprobó la ley del aborto, muy protestada por la Iglesia católica.
§ Hubo una
intensa labor de modernización de las comunicaciones: carreteras, aeropuertos,
telecomunicaciones y ferrocarriles con la puesta en marcha de la primera línea
de alta velocidad Madrid-Sevilla.
§ Se
inició una verdadera política social, con la
generalización de la asistencia sanitaria, las pensiones no contributivas o el
Plan del Empleo Rural (PER).
El terrorismo, principalmente de ETA,
continuó siendo un gran lastre social a lo largo de las cuatro legislaturas. El
gobierno desplegó una política de reinserción de presos, de pactos con el resto
de las fuerzas políticas, incluso de negociaciones secretas con la banda
terrorista para poner fin a sus actividades a cambio de determinadas
concesiones, combinado todo ello con la presión policial. Al principio,
Francia, convertida en «santuario» de la banda terrorista, fue reacia a
colaborar con el gobierno español. Solo a partir de mediados de 1984 empezó a
cambiar su actitud.
Ø
La política económica
El gobierno adopto diversas medidas para
contrarrestar la crisis y afrontar los problemas estructurales de la economía
española. La primera medida fue la devaluación de la peseta, seguida de
la contención
salarial, la disminución de la inflación, que
pasó del 14 % al 8 % entre 1982-1985, y el aumento de la productividad. Pero no se
logró la contención del desempleo durante toda la etapa de gobierno
socialista
Uno de los asuntos económicos más
relevantes de los primeros años fue el caso Rumasa. El gobierno detectó
problemas de liquidez e irregularidades en los bancos del holding de Rumasa. En
1983 el ministro de Economía, Miguel Boyer, expropia primero y
reprivatiza después todas las empresas el grupo. El proceso fue largo y costoso
tanto judicial como económicamente por las pérdidas que supuso al erario
público. La reprivatización fue compleja, con irregularidades y en ocasiones
opaca.
Otro de los proyectos más problemáticos
fue la reconversión industrial, diseñada por el ministro Carlos
Solchaga. Había que sanear, racionalizar y reordenar los sectores en crisis,
como el textil, el naval, el minero-siderúrgico o el de bienes de consumo. El
proceso fue muy duro por sus consecuencias humanas, pues supuso la reducción de
plantillas y aumento del paro, que alcanzó tasas del 22% en 1985. Las protestas
se sucedieron y se hizo ostensible el desencanto político. Para muchas personas
era difícil entender que tales medidas vinieran de un gobierno socialista.
El gobierno, de acuerdo con los Pactos de
la Moncloa, realizó una reforma fiscal que afectó tanto al trabajo de las
personas físicas (IRPF) como al patrimonio y aumentó la presión fiscal. Con
ello pretendía una mejor redistribución de la renta, de manera que pagasen más
quienes percibían mayores ingresos. El Estado dispuso de más dinero para
mejorar y aumentar el Estado de bienestar en prestaciones
por desempleo, sanidad, educación, autonomías o infraestructuras. A partir de
1986 entró en vigor el nuevo impuesto indirecto del IVA, que sustituía al
sistema anterior, equiparando la tributación española a la de la CEE.
Los ajustes económicos dieron sus frutos,
y desde 1985 hasta 1992 España experimentó un crecimiento económico notable.
Se redujo la inflación, aumentaron las exportaciones, se equilibra la balanza
de pagos y se proyecta la imagen de una España dinámica y moderna a través de
la Expo de Sevilla y de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Las inversiones
públicas recuperaron buena parte del empleo, aunque fue muy desigual a nivel
nacional, favoreciendo a las Comunidades de Andalucía y Cataluña. No obstante,
la recesión de 1993 volvía a afectar a España y el paro superó los tres
millones, el 25 % de la población activa.
Algunas medidas económico-sociales de los
distintos gobiernos de González disgustaron a los sindicatos, que las
consideraron antisociales. Nicolás Redondo, dirigente de la UGT y diputado del
PSOE, se distancia del proyecto gubernamental y abandona su escaño en el
Congreso en señal de protesta. La regulación restrictiva de las pensiones hizo
saltar las alarmas sindicales, y UGT Y CCOO convocaron una huelga general el 14 de diciembre
de 1988. Su éxito fue un duro golpe para el gobierno, y las relaciones
entre UGT y PSOE se deterioraron.
La unidad sindical se mantuvo y se
volvieron a convocar huelgas generales en 1992 y 1994 ante el crecimiento del
paro, la pérdida del salario real y el plan de ocupación juvenil, aunque
carecieron del éxito anterior.
Ø
Las relaciones exteriores
La política exterior de los gobiernos de
Felipe González fue muy activa. Se orienta hacia Iberoamérica y Europa, aunque
también se prestó atención al norte de África, especialmente Marruecos, y se
establecieron relaciones diplomáticas con Israel (1986).
Sin embargo, el primer asunto con el que
debió enfrentarse el gobierno socialista en materia de asuntos exteriores fue
el del referéndum de la OTAN. El PSOE prometió en la campana electoral
de 1982 un referéndum para anular la decisión parlamentaria de ingresar en la
OTAN. Su victoria congeló la adhesión, pero su actitud fue cambiando con el
tiempo. En el referéndum convocado para el 12 de marzo de 1986 el gobierno dio
un cambio radical a sus anteriores posiciones y apoyó el «sí» a la permanencia
en la organización. Gran parte de la izquierda seguía prefiriendo la salida de
la OTAN, y además el primer partido de la oposición, Alianza Popular, optó por
la abstención en lugar de apoyar el «sí». Aunque el gobierno ganó la consuIta,
se evidenció una fuerte oposición a su cambio de postura.
Sin duda, el tema más importante fue la integración
en la CEE. Las negociaciones fueron complicadas y Francia puso muchas
dificuItades. Pero el golpe militar del 23-F, la victoria del PSOE y la actitud
favorable de Alemania allanaron el camino. El 12 de junio de 1985 se firmaba la
adhesión. Se cumplía el fin de un sueño. El período de adaptación comprendió
hasta enero de 1993, fecha en la que desaparecieron los aranceles y las trabas
a la libre circulación de personas y capitales.
La integración tuvo algunas consecuencias
iniciales negativas para el sector primario y para la balanza de pagos por el
aumento de las importaciones. Pero los beneficios posteriores fueron mucho
mayores gracias a los fondos de cohesión y a las ayudas
para el desarrollo. España superaba el aislamiento tradicional y entraba en una
nueva fase de relaciones exteriores.
España participó en todos los proyectos
europeos y se comprometió en el Tratado de Maastricht (1992), que
fundó la Unión Europea. También apoyó la creación de la moneda única, el
euro. El compromiso para converger con Maastricht exigía una serie de
condiciones económicas respecto a la tasa de inflación, al volumen de la deuda
pública, el déficit público, el tipo de cambio y los tipos de interés. Los
gobiernos de Felipe González y luego de José María Aznar se esforzaron por
cumplir con esas exigencias.
El balance de la política exterior fue muy
positivo y España recuperó un lugar en el panorama internacional que había
perdido hacía mucho tiempo. El punto álgido fue posiblemente la convocatoria de
la conferencia
de paz sobre Oriente Medio en Madrid en 1991.
Ø
La crisis del PSOE
Las elecciones de 1989 marcaron el
descenso del PSOE, al tiempo que se reorganizaba la derecha bajo el liderazgo
de José María Aznar y Alianza Popular pasaba a llamarse Partido Popular (PP).
La tendencia descendente del PSOE siguió en 1993, cuando perdió la mayoría
absoluta, mientras la derecha ganaba votos y escaños. El PSOE tuvo que pactar
con las minorías nacionalistas su apoyo a cambio de cesiones autonómicas.
Las mayorías absolutas de las elecciones
anteriores habían propiciado un estilo de gobierno que no tuvo en cuenta a la
oposición ni a las cámaras; se dijo que actuó como un «rodillo». A la sombra de
este gran poder crecieron los abusos y aumentó la corrupción, por lo que una
parte del electorado perdió la confianza en el PSOE y le negó su voto. Entre
los casos más destacables que afectaron a la credibilidad del gobierno y del
partido que lo apoyaba cabe apuntar:
§ El «caso
Guerra», que se desató al saberse que el hermano del vicepresidente
utilizaba sus influencias para hacer negocios privados. Felipe González
defendió a Alfonso Guerra, que más tarde se vio forzado a dimitir.
§ El caso
Filesa y otros similares, organizados para financiar al PSOE a través
de tramas ilegales.
§ Los escándalos
de corrupción de Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, y de
Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, entre otros, que utilizaron
sus cargos públicos para enriquecerse.
§ La
«guerra sucia» contra ETA a través de otro grupo terrorista, los GAL,
en que se vieron implicados varios políticos y altos cargos del ministerio del
Interior, que usaron los fondos reservados para acciones ilegales.
§ Ciertas
privatizaciones de las empresas de Rumasa poco claras.
El ambiente de corrupción se extendió a
otros partidos y cundió la sensación de que era algo general y aceptado desde
el poder. Los medios de comunicación jugaron un papel fundamental en la
denuncia de estos hechos.
Como consecuencia de todos estos problemas
el apoyo electoral al PSOE descendió notablemente. En las elecciones europeas
de 1994, el PP obtenía el 40 % de los votos frente al 30 % del PSOE. En las
andaluzas, el PSOE ganó por un margen muy ajustado. Esta tendencia se manifestó
también en las autonómicas y municipales de 1995: en las primeras el PP ganó en
la mayoría de las autonomías y en las segundas consiguió las alcaldías de las
ciudades más importantes. La España urbana votaba al PP y la rural al PSOE.
Algo había cambiado.
Ante la situación poco favorable y la
presión cada vez mayor de la oposición, el presidente del gobierno decidió
adelantar las elecciones legislativas al 3 de marzo de 1996. El PP
ganó las elecciones sin alcanzar la mayoría absoluta que preveían las
encuestas. El PSOE cerraba una etapa en la que se había consolidado la
democracia y España se había convertido en un país moderno plenamente integrado
en su contexto europeo.
3.2.
Los
gobiernos de José María Aznar
Las elecciones de marzo de 1996 dieron un
nuevo giro a la política con la victoria del centro-derecha liderado por José
María Aznar, aunque con un estrecho margen sobre el PSOE. Durante la
primera legislatura popular el gobierno necesitó llegar a acuerdos con los
partidos nacionalistas por la precaria minoría parlamentaria. Las cosas
cambiaron tras las elecciones del año 2000, que dieron la mayoría absoluta al
Partido Popular.
Ø
La política interior
La primera victoria del PP fue reducida,
así que tuvo que pactar con los partidos nacionalistas su investidura a cambio
de nuevas cesiones económicas, entre ellas la posibilidad de recaudar el 30 %
del impuesto sobre la renta. Las negociaciones fueron duras, ya que las
relaciones del PP con los partidos nacionalistas en la legislatura anterior
habían sido muy tensas. Sin embargo, en el discurso de investidura Aznar se
mostró moderado, europeísta, dialogante con todas las fuerzas
políticas y sociales y, además, defendió el Estado de bienestar y de las
autonomías.
Poco después se firmaba el Acuerdo sobre
Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social con los
sindicatos CCOO y UGT, que garantizaba las pensiones y su poder adquisitivo. En
1997 se pactaba la reforma laboral para luchar contra el paro y la precariedad
en el empleo. El paro se redujo del 22 % al 15 % entre 1996 y 1999. Aznar
quería presentar una derecha moderna, capaz de llegar a acuerdos.
El gobierno del PP mantuvo la política del
PSOE respecto a los criterios de Maastricht exigidos para formar parte de los
países participantes en la moneda única. Con los deberes
hechos, en 1998 España pasaba el examen y se unía a los países que adoptaban el
euro como moneda única, que entraba en circulación el 1 de enero de 2002.
Igualmente, la política económica del PP
continuó la del gobierno anterior en la lucha contra la inflación, el control
del gasto público y la disminución del paro. La bonanza
económica y las medidas tomadas favorecieron el crecimiento estable de la
economía, permitiendo que las inversiones españolas en el extranjero superasen
a las extranjeras en España.
Sin embargo, la política privatizadora de
empresas públicas y de liberalización de algunos servicios públicos fue muy
criticada. Los gobiernos de Felipe González ya habían iniciado un proceso de privatización
parcial, pero el Estado mantenía la mayoría del capital y, por tanto,
el poder de decisión. El ministro de Economía del Partido Popular, Rodrigo
Rato, cambia la tendencia y privatizó totalmente las empresas estatales con el
fin de liberalizar la economía. Los ingresos para el Estado fueron
extraordinarios, pero la oposición criticó la privatización solo de las
empresas más saneadas, rentables y bien gestionadas (Endesa, Argentaria,
Repsol, Tabacalera, Telefónica), mientras permanecían en manos del Estado las
que tenían pérdidas. Por otra parte, se acusó al gobierno de que al frente de
las compañías figurasen siempre personas próximas al PP.
Una de las iniciativas más sorprendentes
del gobierno del PP fue la abolición del servicio militar obligatorio
para 2002. Su programa electoral solo recogía la reducción a seis meses. En
1998, el Congreso de los Diputados aprobaba con los votos del PP y de sus
socios nacionalistas la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Este cambio,
aunque repentino, parecía necesario ante el aumento de la objeción de
conciencia.
El constante crecimiento de la
inmigración fue regulado en principio por los gobiernos socialistas y más tarde por la
Ley de Extranjería del PP de diciembre de 2000. Pero las leyes se fueron
mostrando incapaces de contener el número creciente de inmigrantes que llegaban
de forma irregular. Los partidos políticos, sindicatos y organizaciones
humanitarias se han implicado en la solución, que cada uno ve de forma
distinta.
La victoria electoral conseguida por
mayoría absoluta en el 2000 cambió la estrategia política del PP y, al no tener
que pactar con los nacionalistas, se distanció de ellos y aumentaron los
problemas autonómicos.
Aznar heredó el problema del terrorismo etarra y
luchó por su erradicación como todos los gobiernos. Consiguió que se crease un
espacio europeo en el que las policías de los países de la UE colaborasen
contra el terrorismo. Especialmente fructífera fue la colaboración con Francia.
En 1997 ETA protagonizó una escalada
terrorista con actuaciones de tremenda
repercusión social, como el brutal secuestro del funcionario de prisiones
Ortega Lara y el asesinato del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco,
que provocó una auténtica movilización popular en España.
La organización etarra declaró una tregua
unilateral en septiembre de 1998 con el fin de reorganizarse. Mientras, los
nacionalistas vascos habían sellado el Pacto de Estella con ETA para buscar la
soberanía a cambio de poner fin al terrorismo. ETA rompió la tregua catorce
meses más tarde y reinició los atentados y los asesinatos. Pero las fuerzas de
seguridad estrecharon el cerco sobre la banda, que se vio acosada y debilitada.
EI final de la segunda legislatura se vio
marcado por el acto terrorista más grave de la historia de España y uno de los
más graves que ha sufrido el mundo occidental, los atentados del 11 de marzo en
Madrid, protagonizados por el terrorismo islamista. Tres días antes de
las elecciones generales, un comando terrorista colocó una serie de bombas en
varios trenes de cercanías abarrotados de gente que iba a trabajar. Como
consecuencia murieron casi doscientas personas y más de mil resultaron heridas.
Ø
La política exterior
La política exterior de los gobiernos de
Aznar siguió en líneas generales la trazada por el PSOE. Continuó sus
compromisos con la OTAN, en cuya estructura militar se integró España en
noviembre de 1996 con la aprobación mayoritaria del Congreso de los Diputados.
En este marco mantuvo el contingente militar en los Balcanes. Fueron cordiales
las relaciones con los países iberoamericanos, excepto algunos problemas con
Argentina y Chile tras el procesamiento de Pinochet por el juez Garzón, y con Cuba.
Se abrieron negociaciones con el Reino
Unido sobre la soberanía de Gibraltar y se cuidaron las relaciones con el norte
de África, aunque no faltaron tensiones militares, especialmente con Marruecos,
como la provocada por la ocupación marroquí del islote Perejil.
Muy fluidas fueron las relaciones con
Estados Unidos. Fruto de la amistad entre Aznar y George W. Bush fue el apoyo
que el presidente español prestó al estadounidense en la invasión de Irak en 2003,
que despertó fuerte oposición entre amplias capas de la población española. El
apoyo a la guerra de Irak fue uno de los principales factores de desgaste
electoral que sufrió el Partido Popular.
3.3.
La
vuelta del PSOE al gobierno
Tras la derrota electoral de 1996 y la
retirada de Felipe González, el P SOE había entrado en una grave crisis
interna, como puso de manifiesto la derrota electoral en las elecciones de
2000. La elección en julio de ese mismo año de José Luis Rodríguez Zapatero
como secretario general supuso el comienzo de la recuperación del partido.
Zapatero hizo una oposición tranquila y de colaboración con el PP en temas como
el terrorismo, aunque se opuso a la participación de España en la guerra de
Irak.
Aznar convocó elecciones para el 14 de
marzo de 2004 con las encuestas favorables al Partido Popular. Pero los atentados
del 11 de marzo en Madrid cambiaron las cosas. El gobierno atribuyó la
autoría a ETA incluso cuando ya había evidencias de que los autores eran terroristas
islámicos.
La gestión poco transparente de esta
crisis fue decisiva para que el día 14 el electorado se volcase a favor del
PSOE. Rodríguez Zapatero obtenía la victoria con el 42,6 % de los votos frente
al 37,7 % del PP.
La sombra del atentado estuvo presente en
algunos medios de comunicación durante mucho tiempo y constituyó una de las
causas de la gran tensión política que jalonó toda la primera legislatura de
Zapatero.
Una de las primeras medidas del nuevo
gobierno fue retirar las tropas destinadas en Irak, con disgusto de Estados
Unidos.
En la primera legislatura realizó una política
de carácter social: matrimonio entre personas del mismo sexo, Ley de
Dependencia y la Ley contra la Violencia de Género; modificación de la Ley del
Divorcio, etc. En 2006 se acordó la Ley de la Reforma Laboral con los
sindicatos. Uno de los aspectos que
levantó mayor polémica fue la reapertura del proceso autonómico.
La reforma de los estatutos de varias Comunidades Autónomas provocó un fuerte
enfrentamiento con el Partido Popular. En febrero de 2005 se refrendaba la
Constitución Europea con una escasa participación del 41,7 %. Votó a favor el
76,3 %.
En 2005 también se iniciaba un proceso de negociación
con ETA tras la aprobación de las Cortes. El PP se opuso. El atentado
terrorista de diciembre de 2006 y otros posteriores evidenciaron que ETA no
tenía ninguna intención de deponer las armas a no ser que el Estado se plegase
a sus demandas.
Zapatero volvió a ganar las elecciones en
marzo de 2008. Formó
un nuevo gobierno con mayoría de mujeres. Destacaban María Teresa Fernández de
la Vega, vicepresidenta política, Pedro Solbes, vicepresidente económico, y
Alfredo Pérez Rubalcaba, en Interior. Solbes fue sustituido en abril de 2009.
Su segunda legislatura comenzó con una
relajación de la tensión política entre los dos principales partidos españoles.
El problema más importante al que tuvo que enfrentarse el nuevo gobierno fue el
de la
crisis económica internacional, agravado en España por la crisis del
sector inmobiliario, motor del crecimiento en los últimos diez años, y el
aumento del paro. Otro aspecto
destacable fueron los éxitos policiales contra el terrorismo etarra, con la
caída de la cúpula de la banda de forma consecutiva gracias a la excelente
colaboración entre las fuerzas de seguridad de España y Francia, aunque
permanece la amenaza del terrorismo islamista.
En política exterior mejoraron las
relaciones con Estados Unidos tras el triunfo de Barack Obama, y España siguió
muy implicada en la política europea y reforzó las relaciones con
Latinoamérica.
En las elecciones de noviembre de 2011 fue
elegido presidente del gobierno Mariano Rajoy, con lo cual volvía al
gobierno el Partido Popular y, esta vez, con mayoría absoluta. La superación de
la crisis económica y la aparición de nuevos partidos de ámbito nacional
(Podemos y Ciudadanos) plantea un nuevo escenario político. El resurgir del
independentismo catalán es otro de los factores que condicionan las próximas
elecciones planteadas para el mes de diciembre de 2015.
CONCEPTOS Y CRONOLOGÍA TEMA 14
1.
Monarquía
Parlamentaria: forma de gobierno en la que el jefe del estado es un
rey que “reina pero no gobierna”, tiene poderes de arbitraje y está sometido a
las Constitución. El gobierno es ejercido por el partido que obtiene la mayoría
en las elecciones legislativas. Es la forma de gobierno democrática establecida
por la Constitución española de 1978: el rey ostenta la representación suprema
del estado y tiene funciones de arbitraje, pero la soberanía está en el pueblo,
que delega su ejercicio en el Parlamento.
2.
UCD:
partido político fundamental en la transición del franquismo a la
democracia. Bajo el liderazgo de Adolfo Suárez, integraba a exfranquistas,
liberales, democristianos y socialdemócratas. Triunfó en las elecciones
legislativas de 1977 y de 1979. Con esa mayoría parlamentaria llevó a cabo
cambios democráticos fundamentales: la Constitución, los Pactos de la Moncloa,
la ley de divorcio, la ley fiscal, los primeros Estatutos de Autonomía, etc. En
1980, la UCD comenzó a descomponerse por las discrepancias entre las diferentes
corrientes que la integraban. Tras la derrota electoral del PSOE, incluso su
propio fundador, Suárez, abandonó la UCD para crear el Centro Democrático y
Social.
3.
Adolfo
Suárez: político que desempeñó un papel decisivo en la
transición del franquismo a la
democracia actual. Procedente de la burocracia franquista, en la que había sido
director general de RTVE, fue propuesto para presidente de Gobierno en
sustitución a Arias Navarro en 1976. Negoció con la oposición y presentó a las Cortes y a referéndum la Ley de reforma
Política. Presidente de Gobierno tras el triunfo de su partido, la UCD, en las
elecciones de 1977 y 1979, dimitió en 1981. Fundó posteriormente el partido
Centro Democrático y Social.
4.
Leopoldo
Calvo Sotelo: último presidente del gobierno de la UCD en la etapa
de transición democrática. Sucedió a Alfonso Suárez tras su dimisión como jefe
de gobierno y bajo su mandato (de enero de 1981 a octubre de 1982, triunfo
electoral del PSOE) se produjeron los siguientes hechos: intento de golpe de
Estado del 23-F, aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del proceso
Autonómico (LOAPA) entrada en la OTAN y Ley de Divorcio.
5.
Pactos
de la Moncloa: acuerdo nacional, suscrito por todos los partidos
políticos con representación parlamentaria y sancionado por unanimidad en ambas
cámaras del parlamento. Se considera que este hecho institucional constituye
uno de los cimientos, junto con el ingreso a la Comunidad Económica Europea en
1986, de la España moderna y democrática de hoy. Los Pactos de la Moncloa son,
básicamente, dos: el político (Programa de Actuación Jurídica y Política) y el
económico (Programa de Saneamiento y Reformas de la Economía). Mientras que el
primero perseguía la consolidación democrática del país, que se perfecciona con
la sanción de una nueva Constitución en 1978, el segundo plantea medidas
urgentes destinadas a salir de la seria crisis económica y modernizar la
estructura productiva.
Cronología:
Juan Carlos I es proclamado
rey (1975)
Adolfo Suárez, presidente
del gobierno (1976)
Matanza de Atocha (1977)
Legalización del Partido
Comunista (1977)
Los españoles aprueban la
Constitución (1978)
Golpe de Estado (1981)
Victoria por mayoría
absoluta del PSOE (1982)
Firma de la adhesión de España a la CEE (1985)
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