TEMA 9. LA
MONARQUÍA DE LA RESTAURACIÓN
Se
denomina Restauración
tanto a la época de la historia de España que comienza en 1875 al ser
proclamado rey Alfonso XII (con lo que se restaura la monarquía borbónica
tradicional tras el periodo revolucionario de 1868-74), como al régimen
político que nace entonces. No hay ninguna duda sobre la fecha de comienzo de
la etapa restauracionista, 1875, pero sí respecto a su final. Mientras algunos
historiadores opinan que la Restauración se circunscribe al reinado de Alfonso
XII (1875-85), otros lo amplían al de la regencia de María Cristina (1885-1902)
y no faltan quienes incluyen también el reinado de Alfonso XIII (1902-31), al
menos hasta la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera (1923). En este tema
nosotros vamos a tratar los dos primeros periodos: los que corresponden al reinado
de Alfonso XII y al de la regencia de María Cristina.
Durante la
Restauración se produjo una cierta estabilización política, poniéndose fin a la
etapa precedente (Sexenio Revolucionario), que había acabado en desastre. La
Restauración heredó de épocas anteriores graves problemas: la miseria en que
vivían millones de españoles, la guerra carlista en el norte y la colonial en
Cuba, la desconfianza generalizada hacia la política y los políticos, el atraso
económico y la falta de una verdadera burguesía emprendedora. A estos problemas
se unirían otros nuevos, como el nacimiento de los nacionalismos vasco y
catalán y la pérdida de las últimas colonias, lo que provocó la crisis de la
identidad española surgida en 1898.
1.
EL
RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
CANOVISTA
La llegada al trono de Alfonso
XII, hijo de Isabel II, se fue fraguando a lo largo de 1874. El proceso
arranca con el golpe de estado protagonizado por el general Pavía (3 de enero),
quien disolvió las Cortes de la I República. Se formó entonces un gobierno
provisional presidido por el general Serrano, quien se dedicó a la lucha contra
los carlistas, los cantonalistas de Cartagena y los independentistas cubanos.
Entretanto Cánovas del Castillo negociaba secretamente con altos
dirigentes del ejército y con la burguesía la restauración de la monarquía
borbónica tradicional. El propio Cánovas convenció al joven príncipe Alfonso
para que dirigiera un manifiesto al país (Manifiesto de Sandhurst) que él
mismo redactó. El paso definitivo lo dio en diciembre el general Martínez
Campos, quien con un nuevo golpe de estado acabó con el régimen republicano y
proclamó rey a Alfonso XII, el cual llegaría a España para tomar posesión del
trono en los primeros días del año siguiente.
El gran artífice de la
Restauración fue el político malagueño Antonio Cánovas del Castillo, quien,
aunque en su juventud había militado en el partido de la Unión Liberal y
participado en la revolución progresista de 1854, con el paso del tiempo fue
adoptando posiciones políticas cada vez más derechistas. En 1876 fundó el Partido
Conservador a partir de personalidades que procedían de los antiguos partidos
Moderado y Unión Liberal. Cánovas admiraba la estabilidad política de
Inglaterra y su sistema bipartidista, por lo que quería trasplantar ese modelo
a España. Pensaba que las instituciones tradicionales (Monarquía y Cortes)
debían ser los pilares del nuevo régimen de la Restauración. No era en absoluto
un demócrata, pues según él la democracia sólo podía desembocar en el
comunismo. Por tanto defendió siempre el sufragio censitario, que sólo daba
derechos políticos a los ricos. Tuvo a favor de su proyecto a la burguesía,
cuyo miedo hacia la acción revolucionaria de las masas populares estaba
justificado por las recientes revoluciones sociales (como por ejemplo el
fenómeno cantonal). El clero y la nobleza también le brindaron su apoyo para
volver al “orden” anterior al Sexenio Revolucionario (1868-74). Las tres clases
citadas (alta burguesía, clero y nobleza) van a formar una oligarquía que
manejará a su antojo el sistema con el fin de perpetuar su posición preeminente
en la vida política, económica y social. En otras palabras, las ideas de
Cánovas se concretan en la vuelta al moderantismo de época isabelina, pero con
algunas modificaciones más de forma que de fondo. Cánovas fue varias veces
presidente del Gobierno y murió víctima de un atentado terrorista en 1897.
A su llegada a Madrid
(enero de 1875), el joven rey Alfonso XII se presentó conciliador, haciendo un
llamamiento a todos los grupos monárquicos para agruparse en torno a su persona.
Sus primeras medidas se encaminaron a establecer un nuevo orden que evitase los
excesos del periodo anterior: acercamiento a la Iglesia, prohibición de algunos
periódicos de la oposición, establecimiento de tribunales especiales para los
delitos de imprenta, renovación del Ejército y de los cargos de ayuntamientos y
diputaciones. Para evitar que en el futuro volviesen los pronunciamientos
militares, el rey se convirtió en jefe supremo del Ejército, con mando
efectivo. Esta última fue una medida acertada, pues sirvió para acabar, de
momento, con el protagonismo político de los militares que había caracterizado
a buena parte del siglo XIX.
También continuó la
guerra contra los carlistas en el Norte, la tercera, que acabó con la
victoria gubernamental en 1876, y en Cuba (hasta que el general Martínez Campos
logró derrotar a los independentistas e imponer la Paz de Zanjón, 1878).
Otra de las primeras acciones de gobierno fue convocar elecciones a Cortes
Constituyentes, que dieron una aplastante mayoría al partido de
Cánovas, el Conservador.
1.1.
La
Constitución de 1876
Cánovas dejó muy claro desde los primeros debates sobre la futura
constitución que la institución monárquica estaría fuera de cualquier
discusión. Pretendía que la constitución se redactara de una forma lo
suficientemente abierta y flexible que permitiese la alternancia en el
gobierno de los dos grandes partidos que aceptaban el sistema restauracionista:
el suyo (Conservador) y el Liberal. De hecho durante la elaboración del texto
constitucional apenas hubo discusiones, pues en casi todo había acuerdo entre
ambos partidos, con dos excepciones significativas: la cuestión religiosa y la
composición del Senado. Se puede decir por tanto que la Constitución fue
pactada por conservadores y liberales, lo que demuestra el alto grado de
coincidencia entre ellos. Finalmente su aprobación final tuvo lugar el 30 de
junio de 1876. Estaría vigente hasta 1923, año en que el general Primo de
Rivera la suspende. Es la constitución más longeva de toda nuestra historia (48
años de vigencia).
Sus puntos principales son:
§ Derechos
a la libertad individual, inviolabilidad del domicilio, libre expresión,
petición, asociación, reunión. Pero estos derechos fueron regulados mediante
leyes orgánicas de una forma mucho más restringida que en la constitución de
1869.
§ Mayores poderes para el monarca que en la constitución precedente: el rey nombra
y cesa libremente a los miembros del Gobierno (sin que sea necesario que éstos
tengan la confianza de las cámaras), así como a una parte de los senadores; es
el jefe máximo del Ejército; tiene la iniciativa legislativa (junto con las dos
cámaras); puede disolver las Cortes.... En definitiva, el monarca disfruta de
unas atribuciones que ya entonces tenían muy pocos reyes europeos. Esta
participación activa en la toma de decisiones políticas someterá a la figura
del rey a un gran desgaste.
§ Confesionalidad católica del Estado Español, que se compromete al
mantenimiento del culto y del clero. Pero al mismo tiempo se tolera el
ejercicio de cualquier otro culto en privado (art. 11).
§ La soberanía reside “en las Cortes con el Rey” (y no en la Nación, que es lo propio del
progresismo).
§ Cortes bicamerales. La mitad de los senadores será designada por el
Rey (de entre la nobleza, el alto clero y los grandes contribuyentes) y la otra
es electiva. El Congreso será elegido por los ciudadanos que tengan ese
derecho. El art. 28 está redactado de forma ambigua, por lo que no se
manifiesta con claridad si el sistema de elección de diputados es universal o
restringido. La ley electoral de 1878 estableció el sistema censitario, de
manera que en la práctica sólo podía votar el 2´1 % de la población española
(según señala Solé Tura). Más tarde, en 1890, se implantaría el sufragio
universal masculino mediante una reforma de dicha ley electoral.
De lo anterior se deduce que el régimen político de la Restauración,
del que la Constitución de 1876 es su principal exponente, es claramente
autoritario aunque adopte una apariencia liberal. Esa doctrina política, muy
propia del conservadurismo, se conoce con el nombre de liberalismo doctrinario.
1.2.
El
sistema político canovista
Las principales características de este sistema son el centralismo
y el autoritarismo,
aunque con apariencias liberales.
El centralismo se pone de manifiesto en las dos siguientes medidas que
se adoptaron:
§ Abolición de los Fueros de las provincias vascas, como clara represalia tras acabar la tercera
guerra carlista (julio de 1876). Se impulsaba así la unidad de códigos y por
tanto la plena igualdad jurídica en toda España.
§ Reorganización de los ayuntamientos y diputaciones
provinciales, que pierden
autonomía de funcionamiento. Los alcaldes de las poblaciones con más 30.000
habitantes serían designados por el gobierno, el cual se encargará también de
aprobar los presupuestos provinciales y municipales.
El autoritarismo del nuevo régimen queda de manifiesto al intentar
imponer el orden a toda costa controlando a la prensa y a los grupos de la
oposición al sistema. En esa línea hay que destacar las siguientes medidas:
§ El establecimiento de la censura previa para las
publicaciones de menos de 200 páginas (en la práctica, todos los periódicos y
muchos libros).
§ Se concede a la Iglesia el derecho a censurar
los libros que pudieran atentar “contra la moral y buenas costumbres”. Para
rematar el control, la Ley de Imprenta de 1879 consideraba delito a cualquier
ataque contra el régimen político.
§ Prohibición de las asociaciones políticas
(partidos) que no aceptasen la Constitución.
Más adelante el sistema de la Restauración fue lentamente
evolucionando hacia posiciones menos autoritarias. Así durante una de las
presidencias de Sagasta se reimplantó el sufragio universal masculino (1890) y
se restablecieron la libertad de imprenta y de asociación.
Los dos grandes partidos “del sistema”, que aceptaban la Constitución
y sus principios ideológicos, fueron el Liberal-Conservador (conocido por todos
como Conservador) y el Liberal-Fusionista (llamado popularmente Liberal). Así
como el Partido Conservador representaba a la derecha de toda la vida (nobleza,
clero y alta burguesía), el Liberal se nutrió de antiguos progresistas de la
época de Isabel II, así como de demócratas y algunos republicanos del Sexenio
Revolucionario. Sus bases sociales las formaban los profesionales liberales,
los comerciantes, los funcionarios y algunos militares, en tanto que su
ideología era de centro-izquierda. El líder indiscutible de este partido fue
Práxedes Mateo Sagasta, quien ocuparía varias veces la presidencia del
Gobierno. Los dos partidos del sistema, Liberal y Conservador, se turnaron pacíficamente
en el poder durante décadas y su actuación política cuando gobernaron fue muy
parecida al estar de acuerdo en lo esencial.
1.3.
El
caciquismo
Otro elemento clave del sistema político de la Restauración fue la
práctica del caciquismo. Consiste en la manipulación sistemática de las
elecciones (sobre todo a partir de la implantación del sufragio universal),
cuyos resultados controlaban los caciques, que por lo general eran
terratenientes de zonas rurales o individuos que tenían mucha influencia en los
pueblos o en las comarcas. La manipulación la hacían bien “comprando” los votos de
los campesinos ignorantes, bien a través de la coacción (los caciques
podían dar o quitar los puestos de trabajo), o también directamente mediante la
falsificación
de los votos (“dar el pucherazo”). Siempre ganaba el partido que le
tocaba gobernar por turnos. Como los dos partidos del sistema (y la oligarquía
que los sustentaba) estaban de acuerdo en lo esencial (defensa del capitalismo,
la propiedad privada, la monarquía, el sistema político “de arriba a abajo”),
ambos llevaron a cabo las prácticas caciquiles. El candidato oficial, llamado “encasillado”,
sabía que tenía ganada la elección antes de que ésta se realizara. Como
resultado de toda esta corrupción, con el tiempo se iría produciendo un abismo
entre la “España oficial o legal” (en teoría liberal, constitucional, moderna y
europea) y la “España real”, la de la miseria en que vivían millones de
españoles, de ínfimo nivel económico y cultural
(un 60 % de analfabetos en 1900) y escasa conciencia política, creándose
así el consiguiente aumento del descrédito hacia la política y los políticos
por parte de la mayoría de la población.
Pero tampoco debemos analizar el sistema desde una visión simplista.
El caciquismo era mucho más que un recuento de artimañas electorales,
coacciones, fraudes, pucherazos y sacos de duros que compraban votos y
voluntades en un entorno rural pasivo y desmovilizado. Las actitudes de
conformidad y deferencia de los campesinos formaban parte de una estrategia que
tenía un objetivo básico, la reproducción de la unidad familiar y el acceso a
los recursos de la tierra y a los servicios de la comunidad local. Los vecinos
de los pueblos, que percibían un Estado lejano y extraño, utilizaban los medios
que tenían a su alcance. El cliente, a cambio de fidelidad, esperaba del patrón
beneficios relacionados con la tenencia de tierra, el precio de los
arrendamientos, préstamos de capital, empleos estables y reparto de jornales. Y
también todas una serie de ventajas administrativas, utilizadas de un modo
arbitrario, resumidas en una famosa sentencia: “al amigo el favor, al enemigo
la ley” (J. Casanova y C. Gil, 2012).
Todo ello fue denunciado por los intelectuales regeneracionistas
(Joaquín Costa, Ángel Ganivet y algunos próximos la “generación del 98” como
Ortega y Gasset, Antonio Machado, Vicente Blasco Ibáñez, Benito Pérez Galdós,
Miguel de Unamuno, etc.), sin ningún éxito.
|
1. El sistema canovista, ¿era democrático o antidemocrático?
Justifica tu respuesta 2. Cuando calificamos la Constitución de 1876 como “abierta y
flexible”, ¿a qué nos referimos? 3. Analiza la expresión: “al amigo el favor, al enemigo la ley”. |
2.
LA
PRÁCTICA POLÍTICA
2.1.
El
reinado de Alfonso XII
El reinado de Alfonso XII comenzó con una hegemonía política
abrumadora del Partido Conservador, pero en los últimos años el Partido Liberal
también accedió al gobierno, con lo que se inició la práctica política del
turno de partidos.
Ø El dominio del partido conservador (1876-1881).
La presidencia de Cánovas se prolongó desde 1876 hasta 1881, aunque
con un breve gobierno de Martínez Campos (marzo-diciembre de 1879), etapa
conocida como «dictadura canovista» por el fuerte carácter autoritario de su
política. Su objetivo era doble: garantizar la consolidación de la monarquía
recién restaurada y construir un sistema político de orden y fuertemente
centralizado.
En efecto, la política educativa del ministro Orovio
exigió a los profesores universitarios que jurasen fidelidad al gobierno y se
atuviesen en sus explicaciones a lo
establecido. Esta medida llevó a desposeer de sus cátedras a varios
catedráticos krausistas, como Giner de los Ríos, junto a otros que fundaron en
1876 la Institución Libre de Enseñanza[1].
El recorte de libertades se plasma en medidas de control de la
libertad de expresión y de imprenta.
Mediante una férrea censura en la prensa, sobre todo la republicana, con
cierres, suspensiones y juicios, se trató de acallar las protestas. La ley de
imprenta de 1879 distinguió entre libros y folletos o ediciones periódicas, centrando su control
sobre estas últimas.
La libertad de reunión quedó regulada por la ley de junio de 1880, que
establecía una división de partidos en legales e ilegales, lo que daba margen
de maniobra para acciones represivas del gobierno. Esta ley fue derogada en
1881 por el Partido Liberal de Sagasta.
La ley electoral de 1878 marcó el carácter selectivo y autoritario del
sufragio, pues redujo el censo de votantes a unos 800.000 españoles, hombres
mayores de 25 años y que pagaran al Tesoro 25 pesetas anuales por contribución
territorial. En la práctica, la ley privaba del derecho al voto a cinco de cada
seis ciudadanos mayores de 25 años.
Esta etapa de gobiernos de Cánovas también permitió concluir varios
conflictos pendientes desde la etapa del Sexenio la guerra carlista y la
sublevación cubana.
§ El conflicto carlista, centrado en el
norte, se saldó con la derrota Carlos VII y la ley de 21 de Julio de 1876, por
la cual se abolían los fueros de las provincias vascas. Con esta tercera
derrota, el carlismo entró en una fase de decadencia y reajuste interno, sin
capacidad para la vía militar, pero la solución canovista –a pesar de la
aprobación en 1878 de los conciertos económicos con los territorios forales–dio
lugar al fuerismo y al nacionalismo vasco en los años noventa del siglo.
§ La guerra cubana, iniciada en 1868,
adquirió nuevo rumbo con el envío de
tropas en 1876 al mando de Martínez Campos, lo que permitió firmar la Paz de
Zanjón (1878), que ponía fin al conflicto, que ha provocado más de 100.000
muertos. Se reconocieron algunas mejoras (amnistía, libertad de colonos y
esclavos asiáticos), pero no concedía estatus de provincia española a la isla
de Cuba. El problema estallará de nuevo dos años después, y de forma definitiva
a partir de 1895.
También fue esta etapa muy activa en política exterior, al pretender
Cánovas la colaboración con la Alemania
de Bismarck, la potencia europea del momento. Pero los resultados fueron
escasos, siempre bajo la protección de Alemania tras el acuerdo de diciembre de
1877.
Ø La consolidación del sistema (1881-1885)
Tras la petición al monarca de la necesidad de un cambio en el poder,
Alfonso XII optó por la alternancia, y
de esa forma Sagasta formaba gobierno. La llegada al gobierno del Partido
Liberal de Sagasta en febrero de 1881 supuso la puesta en práctica de derechos
y libertades, surgidos durante el Sexenio y que el Partido Conservador había
postergado.
Las líneas básicas del gobierno liberal, que aún era visto por las
clases conservadoras como heredero del radicalismo democrático, fueron:
§ Ejército y Marina. Se modernizaron con la ley de reclutamiento y
reemplazo de 1883, las nuevas ordenanzas militares y la reorganización del
Estado Mayor del Ejército.
§ Hacienda.
Sagasta apoyó una política librecambista que fue atacada por sectores
proteccionistas, especialmente por los industriales catalanes y vascos, que se
beneficiaban de la protección de sus productos frente a las importaciones
exteriores. También mejoró el sistema monetario, lo que favoreció el papel de
la peseta tras su depreciación.
§ Administración local. Una ley de 1882 amplió el sufragio, pero el incumplimiento de su
promesa de conseguir el sufragio universal propiciaría una crisis y la vuelta
al poder del Partido Conservador en 1883. Se reorganizaron las finanzas de
ayuntamientos y diputaciones.
§ Libertad de imprenta. La ley de imprenta de 1883 sustituyó a la de
1879 y su impacto se mantuvo hasta la ley Fraga de 1966. Suprimió las
legislaciones especiales que limitaban la libertad de la prensa, lo que
favoreció la libertad de expresión.
§ Instrucción.
La reforma educativa planeada por Sagasta no se llevó a cabo en plenitud, ya que, aunque permitió que
los profesores krausistas miembros de la
Institución Libre de Enseñanza volvieran a sus cátedras, no se redujo la
creciente presencia de la Iglesia en el sistema educativo.
El gobierno de Sagasta finalizó en 1883, a causa de una doble crisis:
un enfrentamiento diplomático con Francia tras una visita de Alfonso XII a
Alemania; y la sublevación militar republicana del verano de 1883, que fracasó y fue reprimida.
La última etapa del reinado de Alfonso XII dio el gobierno a Cánovas,
quien tuvo que afrontar un conflicto diplomático con Alemania por las islas
Carolinas, la epidemia de cólera de 1885 y la crítica situación social analizó
la Comisión de Reformas Sociales creada en 1883 por el ministro liberal Moret.
El rey moría el 25 de noviembre de 1885 y se abría un nuevo periodo,
el de regencia de su viuda María
Cristina de Habsburgo-Lorena.
2.2.
La
regencia de María Cristina
María Cristina ocupó el cargo
hasta la mayoría de edad de su hijo Alfonso XIII, nacido en mayo de 1886.
Aunque fue una etapa de continuidad del sistema surgido en el marco de la
Constitución de 1876, varios aspectos destacan en estos años: la ebullición
social, los problemas económicos, la inestabilidad política, el surgimiento del
nacionalismo y la pérdida de las últimas colonias en 1898.
El fallecimiento de Alfonso XII había puesto en peligro todo el
sistema de la Restauración, porque,
aunque la reina estaba embarazada, Alfonso XII no tenía aún un heredero varón y
cabía la posibilidad de que Isabel II reclamase de nuevo el trono. Por esta
razón los protagonistas de la Restauración se pusieron de acuerdo para
estabilizar la situación política. Para evitar el regreso de Isabel II al trono
y asegurar la corona para el hijo de
María Cristina, se llegó a un acuerdo de turno pacífico en el poder, en
el llamado Pacto de El Pardo, por el que Cánovas cedía el gobierno al
Partido Liberal. Con este turno pacífico el sistema se consolidaba, mientras
que la Regente se mantuvo al margen del juego político. De esta forma la
continuidad quedaba asegurada con la regencia de la reina viuda, la cual
garantizó la sucesión de su hijo, el futuro Alfonso XIII.
Ø El “gobierno largo” liberal (1885-1890)
El «gobierno largo» de Sagasta (noviembre 1885-julio 1890) fue el de
mayor duración de toda la Restauración. El nuevo gobierno emprendió una serie de reformas legislativas de carácter
claramente liberal, que perduraron y tuvieron un efecto conciliador con la
tradición democrática heredada de la revolución de 1868. Estas reformas fueron
las siguientes:
§ La ley de asociaciones de 1887 legalizó
los sindicatos obreros, reguló la presencia pública de las órdenes
religiosas y permitió la celebración en
1888 de los congresos fundacionales de la Unión General de trabajadores (UGT) y
del PSOE. Fue considerada en su momento como ley progresista y muy avanzada,
ejemplo para otras legislaciones similares en Europa.
§ La ley del jurado de 1888 favoreció la
libertad de prensa al suprimir la censura previa e impedir que la jurisdicción
militar actuara en delitos de difamación o calumnia.
§ La ley de sufragio universal de 1890
estuvo envuelta en la polémica, pero su aprobación permitió integrar en el
sistema a Ios republicanos posibilistas de Castelar. Sin embargo, su aprobación
no condujo a la democracia, pues se mantuvo el fraude electoral y
parlamentario.
§ El código civil de 1889 y la legislación
de procedimiento administrativo (1888-89) mejoraron el funcionamiento
administrativo del Estado liberal. Culminaba así un proceso de codificación
iniciado con el código de comercio aprobado en 1829, que fue reformado en 1885,
y se cerraba con el código civil, última pieza del nuevo orden social burgués.
§ La reforma del ejército fue otro de los
asuntos que abordó el gobierno de Sagasta. La escasa eficacia de su
organización, más pensada para mantener el orden público que para la defensa
exterior, hacía necesario un cambio al que eran reacios los altos mandos
militares. Las reformas del ministro Cassola con la Ley Constitutiva del
Ejército buscaban acomodar esas fuerzas armadas a su tiempo, siguiendo el
modelo del ejército prusiano. Pero la ley, después de debatirse en el Congreso
en 1887-88, acabó siendo retirada y el ministro dimitió. Algunas de las
reformas más polémicas, como el servicio militar obligatorio o el sistema de
ascensos, se aplicaron por decreto años después.
La política exterior, de la mano del ministro Segismundo Moret, intentó
dar mayor presencia a España en las relaciones internacionales. Se crearon
embajadas en las principales ciudades europeas (Londres, Berlín, Roma o Viena)
y España formó parte de la Triple Alianza dirigida por la Alemania de Bismarck,
pero tuvo escaso peso en la división colonial que siguió al reparto de África
tras el Congreso de Berlín (1884-85).
Ø La crisis de fin de siglo (1890-1898)
En julio de 1890, Sagasta tuvo que abandonar el gobierno a causa de la
división interna en su partido. Durante esta década, no se introdujeron
novedades en el funcionamiento del sistema del turno pacífico. Pero en la etapa
final de la década surgieron tres problemas que desembocarán en la crisis de
1898: la situación de las colonias, la cuestión social y el auge
de los regionalismos convertidos en nacionalismos.
En esta década los conservadores ocuparon dos veces el gobierno
(1890-92 y 1895-97) y otras dos veces los liberales (1892-95 y 1897-99). En el
primer gobierno conservador se produjo un enfrentamiento interno del partido
Conservador entre Silvela y Romero Robledo; el trienio posterior con gobierno
liberal tuvo que afrontar la crisis de Melilla y un nuevo levantamiento en
Cuba, con un incremento de los movimientos independentistas tanto en Cuba como
en las Filipinas.
En 1892 José Martí, héroe de la independencia cubana, creó el Partido
revolucionario Cubano, y José Rizal la Liga Filipina. Ambos se
oponían a la presencia española en sus
territorios. La nueva sublevación cubana de 1895 dio lugar al inicio de otra
guerra que acabó con la independencia en 1898. En 1897, tras el asesinato de
Cánovas, Sagasta tomó el relevo y trató de aplicar una política más moderada en
la isla, pero llegó demasiado tarde. La intervención estadounidense fue
decisiva para el triunfo de la causa emancipadora.
Durante esta década se afirmó la estabilidad del sistema,
pues las reformas legislativas de los liberales fueron respetadas por los
conservadores cuando llegaban al poder. Dentro del Partido Conservador, la
figura de Francisco Silvela significó el intento de introducir una
«regeneración» de la vida política española, alejada de las prácticas corruptas
comunes hasta entonces, pero fracasó en su intento. Solo tras el asesinato de
Cánovas y el desastre de 1898, las tesis
regeneracionistas de Silvela se abrieron camino en la política española.
Como trasfondo de la política colonial e interna, el debate
proteccionismo-librecambismo enfrentó a industriales catalanes y vascos
con los sectores partidarios de la libertad de comercio. La ley de 1882 y el arancel
de 1891 habían protegido el mercado antillano de las importaciones
foráneas, lo que favoreció a los industriales del textil catalán. La tendencia
nacionalista de sectores de la burguesía industrial catalana a partir de 1890
estuvo relacionada con esos intereses comerciales.
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4. La epidemia de cólera de 1885 en España, ¿por qué se destaca como un acontecimiento relevante? |
3. LA OPOSICIÓN AL SISTEMA:
REPUBLICANISMO, REGIONALISMO Y MOVIMIENTO OBRERO
Totalmente
excluidos del sistema político de la Restauración (y al principio perseguidos)
había varios grupos políticos: los carlistas, los republicanos, los partidos y
sindicatos obreros y los regionalistas o nacionalistas.
3.1.
Los
carlistas
Los carlistas acababan de ser derrotados en la guerra por tercera vez
y se hallaban por tanto en plena decadencia. El desaliento de la causa
tradicionalista quedó en evidencia en 1885, después de la muerte de Alfonso
XII, cuando el Vaticano y la jerarquía eclesiástica española apoyaron sin
muchas reservas a la Regencia. Además, se dividieron entre los que, a
regañadientes, acabaron aceptando el orden político liberal (y se integraron en
el Partido Conservador, el más cercano a sus esquemas ideológicos) y los que se
mantuvieron firmes en sus posiciones retrógradas de extrema derecha (su líder
fue Ramón Nocedal), convirtiéndose en un grupo residual de muy escasa
influencia, salvo en Navarra. En la última década del siglo, el carlismo,
dirigido personalmente por el pretendiente Carlos VII desde su exilio en
Venecia, intentó participar en la lucha política creando una estructura más
sólida y moderna. Pero será de nuevo en octubre de 1900, después del desastre del
98, cuando se produjo una última intentona militar. Un sonoro fracaso que acabó
de convencer a los más recalcitrantes de que en el nuevo siglo había que
abandonar la senda clandestina de la conspiración, guardar las armas y los
uniformes en el desván y seguir el camino de la política.
3.2.
Los
republicanos
Este partido se encontraba en retroceso tras la negativa experiencia
de la I República. La mayoría de ellos eran intelectuales de izquierda, con
poca conexión con la sociedad. Además estos republicanos, muy escasos en
número, seguían divididos en varios grupos enfrentados entre sí puesto que lo
único que tenían en común era su rechazo del sistema monárquico. El más
prestigioso líder republicano era el moderado Castelar, brillante
orador y antiguo presidente de la I República, que fue elegido diputado varias
veces. También había un grupo federalista, el de Pi y
Margall, cuyas ideas izquierdistas le acercaban ideológicamente al
movimiento obrero. Otro de los grupos era el de los progresistas-demócratas de Ruiz
Zorrilla, de planteamientos políticos más radicales. La tímida
sublevación de 1883 y el fallido pronunciamiento del general Villacampa en
1886, fueron los últimos intentos de llegar a la revolución del brazo de los
militares. La hora de la barricada había pasado y ello tuvo como resultado la
experiencia de la Unión Republicana en 1893. Reorganizaron el movimiento, porque
como decía Blasco Ibánez “no se podía esperar a que llegara cada 11 de febrero
la conmemoración de la I República para hablar de revolución y regresar después
tan frescos, metiéndonos en casa, a hacer acopio de palabras para el año que
viene”. No obstante, la importancia del republicanismo era indiscutible entre
la pequeña burguesía y las clases medias, pero también en el mundo del trabajo,
donde competía con anarquistas y socialistas a la hora de representar el
descontento popular frente a los límites de participación del sistema político.
3.3.
El
movimiento obrero
Se entiende por movimiento obrero la lucha de los trabajadores por
mejorar sus condiciones de vida y de trabajo a través de organizaciones
sociales, sindicales o políticas. En sus inicios las organizaciones obreras
españolas tuvieron un marcado carácter revolucionario, pues se oponían
frontalmente al sistema económico capitalista que condenaba a los trabajadores
a vivir miserablemente en beneficio de los empresarios (burguesía). Aunque
existen precedentes en los años treinta y cuarenta del siglo XIX, en España las
organizaciones obreras aparecen ya con cierta fuerza en la segunda mitad. Los
grupos obreros más importantes son los
anarquistas y los
socialistas-marxistas.
Los anarquistas luchaban contra
el estado porque éste (instituciones políticas, leyes, policía, ejército…)
estaba al servicio de los empresarios o burgueses. La ideología anarquista
defiende el derecho a la plena libertad de los individuos y es contraria a la
participación política por medio de partidos o mediante el ejercicio del voto
en las elecciones (ésta es una diferencia importante respecto a los marxistas).
En España, la primera expansión del anarquismo, dentro de la AIT, había
terminado con la insurrección cantonal y la desaparición de la I República. El
movimiento volvió a salir a la luz en 1881 con la fundación de la Federación
Regional de Trabajadores de la Región Española, una asociación que
repartía sus apoyos entre Cataluña y Andalucía y que al año de su creación
decía agrupar ya a 70.000 trabajadores. Pero las divisiones internas y la
represión indiscriminada que sufrieron sus miembros terminaron con las
esperanzas de forjar una gran organización de masas. El movimiento quedó
escindido entre las sociedades que defendían la lucha sindical, las
reivindicaciones laborales y la participación en movilizaciones generales, y
los colectivistas
ácratas que apostaban por las organizaciones secretas, la pureza
doctrinal y las represalias violentas de la “propaganda por el hecho”. Entre
las acciones terroristas de esos años destacaron en 1983 el atentado contra el
general Martínez Campos y la bomba del Liceo de Barcelona, en 1896 la bomba
contra la precesión del Corpus y en 1897 el asesinato de Cánovas del Castillo.
Este terrorismo no era un rasgo original del anarquismo hispano sino un
fenómeno de alcance internacional, con atentados sonados en Francia, Austria,
Italia y en otros países. Lo peculiar del caso español fue la brutalidad de la
represión, las torturas y las condenas de inocentes que hicieron tristemente
famoso el “castillo maldito” de Barcelona, Montjuïc.
Los socialistas (marxistas)
pretendían también hacer una revolución que derribara al estado burgués. Para
ello había que crear un partido de la clase obrera (el Partido Socialista), que
trabajara en la labor de concienciar a las masas y de preparar las condiciones
necesarias para llegar a la revolución. Una vez en el poder, los socialistas
emprenderían la tarea de suprimir las clases sociales y la propiedad privada.
El fin último de ambas ideologías obreras (la anarquista y la marxista) era
lograr la plena igualdad social.
El padre del socialismo español fue el tipógrafo madrileño Pablo
Iglesias, quien fundó en 1879 el Partido Socialista Obrero Español (PSOE),
que estaba destinado a ser el gran partido político de los trabajadores que
preconizaba Karl Marx. Por tanto, la orientación marxista está presente en el
PSOE desde su misma creación, y su programa se resume en última instancia en la
conquista del poder político por la clase obrera, la conversión de la propiedad
privada en colectiva y la abolición de las clases sociales. Pero a corto plazo
los socialistas españoles se propusieron conseguir mejoras de tipo laboral
(prohibición del trabajo infantil, jornada laboral de ocho horas, igualdad
salarial para ambos sexos, seguridad social para todos los trabajadores…) y
político (derechos de asociación y reunión, libertad de prensa, sufragio
universal). A partir de la legalización en 1881, el PSOE fue creciendo con
lentitud y pudo publicar su periódico oficial (“El Socialista”, 1886). En 1888
nació en Barcelona la Unión General de Trabajadores (UGT),
sindicato hermano del PSOE que también tuvo su fundador en Pablo Iglesias, cuya
finalidad era conseguir mejoras más de tipo laboral que político. La estrategia
del aislamiento, la hostilidad hacia los anarquistas, su rechazo a colaborar
con los “burgueses” republicanos y su lejanía de la realidad agraria limitaron
mucho sus posibilidades de crecimiento, tanto en número de agrupaciones y
asociados como en votos. Al terminar el siglo XIX, mientras los socialistas
italianos y franceses podían presumir de grupos parlamentarios nutridos y los
sindicatos británicos y alemanes contaban con cientos de miles de asociados, el
socialismo español presentaba un pobre bagaje. En plena guerra de Cuba, la
campaña contra la injusticia de las quistas, el “o todos o ninguno”, y la
movilización contra los excesos de la represión gubernamental inauguraron un
nuevo período en la historia del socialismo español, el inicio de una
organización de masas con aspiraciones parlamentarias y el acercamiento hacia
los republicanos.
3.4.
Los
regionalismos y nacionalismos
Varios motivos explican el auge de los nacionalismos (y de su versión
más ligera, los regionalismos) a fines del siglo XIX. El primero es el
conservadurismo de la oligarquía española que tuvo el poder durante la
Restauración, que se tradujo en una política centralista y autoritaria,
pretendiendo así ignorar las evidentes diferencias culturales e históricas existentes
entre las distintas regiones. Por otro lado las dos regiones que verdaderamente
se industrializaron fueron precisamente el País Vasco y Cataluña, cada una de
las cuales tenía su propia lengua, tradiciones y cultura. La pérdida de las
últimas colonias en 1898, que causó un fuerte perjuicio a la industria catalana
sobre todo, se tradujo en una mayor desconfianza de amplios sectores del País
Vasco y Cataluña hacia el gobierno español, al que acusan de ineficacia y de
centralismo.
En Cataluña el nacionalismo tuvo en sus comienzos un carácter
burgués y meramente cultural que reivindicaba la defensa de las tradiciones
catalanas y el uso de su lengua vernácula. Este movimiento cultural se llamó la
Renaixença. Sus principales representantes fueron Valentí Admirall y Prat de la
Riba. Con el tiempo el movimiento catalanista fue adquiriendo un tono político
autonomista (aspiraba a obtener un estatuto de autonomía), pero no
independentista. En los últimos años del siglo XIX nacieron los dos primeros
partidos nacionalistas catalanes de la época: en 1882 el Centre Catalá y en
1887 la conservadora Lliga de Catalunya. Gracias a Prat de la Riba ambos grupos
acabarían fundiéndose en 1891, de cuya unión nació la Unió Catalanista. En su
primera asamblea (1892) se aprobaron las Bases de Manresa, especie de programa
político en el que se aboga por la constitución de un estado federal español
que concediese una amplia autonomía a Cataluña a través de la creación de
instituciones propias en su interior. En los años finales de siglo, el
catalanismo informal evolucionó hacia la construcción de un movimiento político
nacionalista, un camino sin vuelta atrás después de la derrota de 1898 y la
pérdida del mercado colonial, cuando una parte importante de la burguesía
comercial e industrial no encontró ya más razones para apoyar a los partidos
que representaban al Estado liberal español. El resultado de este proceso fue,
en 1901, la creación de la Lliga Regionalista, un partido conservador y
autonomista, con líderes como Prat de la Riba y Francesc Cambó, que muy pronto
consiguió el éxito electoral, el anuncio de una hegemonía que se iba a extender
durante el primer cuarto del siglo XX.
En el País Vasco los orígenes del nacionalismo se remontan a la causa
colectiva de la defensa de los fueros que habían hecho los carlistas. La
abolición del régimen foral en 1876 fue considerada casi unánimemente como un
ultraje y un atentado contra sus derechos históricos. La reacción en la
sociedad vasca tuvo dos variantes: los que solicitaban la recuperación de los
fueros y los que, dándolos por perdidos, quisieron aprovechar las
circunstancias para conseguir alguna compensación económica por parte de
“Madrid”. El nacionalismo vasco no era inicialmente burgués, sino que se nutría
de los campesinos y clérigos derrotados en las guerras carlistas. Se trataba
por tanto de los sectores más apegados a la tradición que se consideraban
agraviados por las tendencias centralistas del gobierno. Además los elementos
culturales vascos (lengua, folklore, deportes, costumbres) estaban amenazados
no sólo por la política unificadora de España, sino además por la inmigración
masiva de trabajadores españoles atraídos por los empleos creados con la
industrialización vasca. El movimiento cultural y político de defensa de la identidad
nacional cristalizó en la fundación del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en
1895 por Sabino Arana. En este contexto cabe situar la ideología de Arana, el
lema “Dios y la ley vieja” desarrollado en una serie de concepciones basadas en
el hecho diferencial lingüístico, el integrismo católico, la mitificación de la
historia de Euskadi y la superioridad racial de los vascos sobre los españoles.
El PNV desde el principio estuvo navegando entre dos aguas: las de los
independentistas y las de los que querían una autonomía política pero aceptando
la pertenencia a España. Estos últimos, integrados por la burguesía industrial
y financiera (con un peso creciente por su potencia económica), fueron quienes
impusieron sus tesis, pero utilizaron el radicalismo del otro sector con el fin
de presionar al gobierno español para la consecución de las reivindicaciones.
Otros movimientos regionalistas de menor arraigo popular y escasa
trascendencia política fueron los de Galicia y Andalucía, iniciados ya
en el siglo XX. Sus líderes respectivos fueron Alfredo Brañas y Blas Infante.
En ambos casos las pretensiones políticas se limitaban a la reivindicación de
una autonomía política.
Para concluir con un tema de tanta actualidad, diremos que desde
hace años existe un debate historiográfico en torno a la “debilidad” del Estado
español en el siglo XIX. Borja de Riquer sitúa el centro de la cuestión en una
interpretación de los nacionalismos periféricos no como una reacción a la
presión del centralismo sino, muy al contrario, por la ineficacia del Estado a
la hora de forjar una identidad nacional, por la incapacidad de la
Administración para conseguir la unificación cultural y lingüística, impulsar
la modernización económica y social y, por último, cohesionar e integrar
políticamente a la mayoría de la población. Como defienden los historiadores
Casanova y Gil, el Estado español tampoco contó con los instrumentos
necesarios, ya que existía un raquítico sistema educativo incapaz de imponer un
único idioma ni de extender los valores patrióticos y simbólicos de la nación,
una tarea unificadora que tampoco se realizó en los cuarteles, con un servicio
militar odiado por las clases populares. Además, en la época del imperialismo,
de la exaltación del nacionalismo en los Estados europeos, a España le faltó un enemigo exterior definido. En su lugar, lo que vino fue el Desastre del 98-
|
5. ¿Qué diferencia a un anarquista de un socialista marxista?¿Y
qué semejanzas presentan? 6. ¿Qué diferencias encuentras entre el nacionalismo catalán y vasco?¿Y qué semejanzas? |
4. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPERIO
COLONIAL: CUBA
El
antecedente más cercano de la definitiva crisis colonial está en la Paz
de Zanjón que en 1878 había puesto fin a la primera guerra de
independencia cubana, después de diez años de enfrentamientos. En aquella
ocasión el victorioso general español Martínez Campos había prometido a
los isleños reformas administrativas y autonomía, con la intención de restar
argumentos a los independentistas y conseguir la reconciliación. Surgieron
entonces en la isla dos partidos: uno, el Partido Liberal Cubano, quería un
estatuto de autonomía para la isla; el otro, compuesto por los grandes
terratenientes españoles, era contrario a cualquier reforma o concesión que
pudiera poner en peligro su posición privilegiada. Este último era el que tenía
más influencia en los políticos de la península, por lo que consiguió que el
prometido proyecto de estatuto de autonomía fuera rechazado en las Cortes tanto
por el Partido Conservador como por el Liberal (1893). Este rechazo alimentó
los deseos independentistas de un sector de la sociedad cubana. El
Partido Revolucionario Cubano, fundado por José Martí y de tendencia
independentista y liberal, había nacido en 1892 y ahora consigue el apoyo
de Estados Unidos, país que estaba interesado en controlar el Caribe,
para lo cual necesitaba expulsar a España. Cuando en febrero de 1895 las Cortes
españolas, con el fin de frenar los sentimientos independentistas cubanos,
aprueban un estatuto de autonomía para Cuba, ya es tarde. Ese mismo mes
estallaba la definitiva insurrección separatista de la isla. La muerte de Martí
en acción de guerra sirvió para convertirle en mártir de su causa. Otros
dirigentes independentistas le reemplazaron: Máximo Gómez y Antonio
Maceo.
Los más de 200.000 soldados españoles presentes en la isla se
trataban, como señala el historiador Manuel Moreno, del mayor esfuerzo militar
jamás llevado a cabo por una potencia colonial en América, un despliegue no
superado hasta la intervención norteamericana en la Segunda Guerra Mundial.
El general Martínez Campos, enviado desde la península, intentó
negociar con los independentistas una solución de compromiso, pero sin éxito.
La táctica que utilizaron los insurrectos fue la creación de guerrillas
apoyadas por la población civil, contra la cual el general no quiso actuar, por
lo que tuvo que dimitir y volver a España. Además, la ayuda de los Estados
Unidos a favor de los independentistas cubanos era cada vez mayor: comenzó con
un tímido apoyo material (dinero, armas, municiones) pero fue creciendo con el
tiempo. Otro general español, Valeriano Weyler, llegó para sofocar
la rebelión con medidas represivas drásticas que incluían el confinamiento de
la población civil en zonas controladas por el ejército español, con el fin de
que no pudiese ayudar a la guerrilla (Reconcentraciones). Además, se llevó a
cabo la destrucción de sembrados en aplicación de una política de tierra
quemada pensada para eliminar los apoyos sociales y las bases económicas de los
independentistas. Una estrategia de guerra a ultranza que desprestigiaba la
imagen exterior de España, denunciada como cruel e inhumana.
Varios hechos precipitaron el final de la guerra. En primer lugar, la
llegada del verano de 1897, que en medio de la temida estación de lluvias, se
convirtió en el peor enemigo del Ejército español. Apenas un 4 por ciento de
los más de 50.000 soldados españoles muertos en Cuba falleció por heridas de
guerra. La gran mayoría cayó víctima de la fiebre amarilla, el paludismo, la
disentería, la fiebre tifoidea y otras enfermedades tropicales que se cebaron
un unos cuerpos agotados, mal alimentados y con una indumentaria inadecuada (J.
Casanova y C. Gil). No era de extrañar que Máximo Gómez afirmara que sus
mejores generales se llamaban junio, julio y agosto.
En segundo lugar, 1897 también fue el año en el que fue elegido
presidente de Estados Unidos el republicano MacKinley, partidario de
la anexión de Cuba. Por último, la muerte en atentado de Cánovas del Castillo
en España, que llevó a la presidencia a Sagasta, el cual concedió plena
autonomía a la isla (siguiendo el ejemplo británico de la Commonwealth), al
tiempo que retiraba al general Weyler y le sustituía por el general Ramón
Blanco. Los deseos expansionistas del nuevo presidente estadounidense se
materializaron con la presencia amenazante del acorazado de guerra Maine,
que fondeó en enero de 1898 en la bahía de La Habana con el pretexto de
garantizar su seguridad de los norteamericanos que residían en la isla. El 15
de febrero el Maine se hundió tras una explosión, sin que todavía se sepa
con seguridad qué fue lo que la provocó. La prensa norteamericana, sobre todo
los prestigiosos periódicos “Journal” (del que era propietario el magnate
Hearst) y el “World” (que pertenecía a su rival Pulitzer), creó en su país un
estado de opinión favorable a la culpabilidad española empujando a su gobierno
a declarar la guerra, lo que se produjo formalmente el 23 de abril de ese mismo
año.
La guerra hispano-norteamericana se desarrolló en dos escenarios:
Filipinas y Cuba. En Filipinas existía desde 1892 un movimiento independentista,
cuyo líder era José Ritzal (Liga Filipina), que promovió una insurrección
armada a partir de 1896. Ritzal fue apresado y ajusticiado por las autoridades
españolas, pero la lucha por la independencia continuó con otro dirigente: Emilio
Aguinaldo. No obstante el ejército español consiguió al principio
dominar la situación. La entrada de Estados Unidos en la guerra, ya en 1898,
fue decisiva para la victoria de los insurrectos (batallas de Cavite y Manila).
En
Cuba, al mismo tiempo (3 de julio), tenía lugar la decisiva batalla
de Santiago de Cuba, en la que la escuadra española dirigida por el almirante
Cervera fue aniquilada por la norteamericana, mayor en número y calidad
de sus buques. En los días siguientes los norteamericanos ocuparon Cuba, Puerto
Rico y Filipinas con escasa resistencia. El tratado de Paz entre Estados Unidos
y España se firmó en París. A través de él España renuncia a la soberanía de
Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. De esta forma lamentable y vergonzosa
España perdía los últimos restos de lo que había sido hasta el principio de
este siglo XIX el mayor imperio colonial jamás existente.
La conmoción que produjo el “Desastre del 98” dentro de España
fue enorme. Súbitamente los intelectuales y la sociedad española en su conjunto
descubrían con amargura “los males de la patria”: el atraso económico y
cultural, la corrupción caciquil, la ineficacia de los políticos y del
Ejército. Se avivó el sentimiento nacionalista de vascos y catalanes
(resentidos contra el ineficaz estado español, incapaz de defender unas
colonias en las que tenían fuertes intereses económicos), una ola de pesimismo
invadió a la población, nació la generación del 98. Cada vez se hacía más evidente
la necesidad de reformar en profundidad el sistema político, democratizándolo;
de modernizar la economía; de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de
la clase obrera y de los campesinos, de extender la educación a toda la
población. Sin embargo, el sistema de la Restauración sería incapaz de dar
satisfacción a estas demandas.
5.
LA
SOCIEDAD DE FINALES DEL SIGLO XIX
En 1900, la
esperanza media de vida en España no llegaba a los 35 años, una cifra bajísima,
muy por debajo de la media europea, que señala las difíciles condiciones de
vida que tenía que soportar la mayoría de los 18,6 millones de habitantes. La
elevada tasa de mortalidad y la altísima mortalidad infantil (de cada mil
nacidos, 186 morían antes de cumplir un año) tenían que ver, sobre todo, con la
falta de medidas higiénicas y sanitarias, con una alimentación deficiente, con
la ignorancia de las causas de las enfermedades y de sus vías de transmisión y
con el desinterés de la Administración. A esto también había que sumar la
mortalidad provocada por enfermedades endémicas como la viruela, el sarampión,
la disentería, el tifus, la tuberculosis o las peligrosas infecciones
intestinales que tradicionalmente diezmaban a las familias de las clases
populares. El proceso de transición demográfica apenas había comenzado.
Otro indicador relevante del retraso en el que se encontraba España
respecto a los países más avanzados de su entorno era el analfabetismo, una
carencia de una extensión alarmante para cualquier observador extranjero. En
1900, el año de la creación del Ministerio de Instrucción Pública, de cada 100
españoles en edad adulta, 56 no sabían leer ni escribir, un porcentaje que
todavía era más alto en el caso de las mujeres o en regiones agrarias donde el
trabajo intensivo en el campo ataba a los niños a la tierra sin haber alcanzado
una instrucción básica. Escuelas rurales municipales mal dotadas, con maestros
poco formados y peor pagados –«pasas más hambre que un maestro de escuela»–,
una enseñanza urbana en manos de la Iglesia, con una red raquítica de
institutos públicos provinciales y un reducido número de universidades, muy
minoritarias, que vivían de espaldas a la renovación científica y la innovación
tecnológica.
El tercer fenómeno que llama la atención, sin comparamos el caso
español con el marco general europeo de entre siglos, es el tardío proceso de
urbanización. Al terminal el siglo, Madrid y Barcelona apenas superaban el
medio millón de habitantes y se podían contar con los dedos de las manos el
número de ciudades que llegaban a los cien mil, prácticamente todas en la
periferia peninsular. España era un país mayoritariamente rural. El 80% de la
población vivía todavía en localidades que no superaban los 10.000 habitantes, un dato subrayado por
el peso del sector primario dentro de la economía nacional. Las tareas agrarias
producían más del 40% de la riqueza general del país y ocupaban el 68% de la
población activa, un porcentaje que sería más elevado aún, seguro, si las
estadísticas oficiales contemplaran el trabajo en el campo de las mujeres.
La persistencia de un modo de vida rural y campesino, las altas tasas
de analfabetismo y la larga sombra de un régimen demográfico antiguo, todavía
con ecos de pasadas hambrunas y epidemias, parecen rasgos propios de un país
atrasado y estancado. Pero una imagen fija, la que hemos trazado en torno al
año 1900, impide apreciar el cambio. Como ha subrayado David Ringrose, la
España de inicios del siglo XX, aunque era cierto que se encontraba claramente
detrás de los países más avanzados –miramos siempre hacia Gran Bretaña, Francia
o Alemania–, había seguido una variante reconocible del camino europeo hacia el
desarrollo. Un “patrón latino” de modernización, en palabras de Gabriel
Tortella, con características y ritmos similares a los de Italia, Portugal o
incluso Grecia. Más que de un fracaso secular habría que hablar, entonces, de
un retraso relativo y de un crecimiento moderado, visible sobre todo en el
último tercio del ochocientos. José Luis García Delgado ha resumido bien los
signos apreciables de progreso material y de dinamismo económico. El producto
per cápita había crecido casi dos tercios en la segunda mitad del siglo XIX, la
red ferroviaria básica estaba prácticamente construida y la estructura
industrial, aunque lastrada todavía por su arranque tardío y el peso de ramas
como la alimentación y el textil, mostraba indicios de una incipiente
diversificación productiva en campos como el de la siderurgia, la construcción,
el material eléctrico o la fabricación de abonos y explosivos. Nuevos sectores,
nacidos con la segunda Revolución industrial, y también nuevas técnicas
aplicadas a elaboraciones tradicionales como las conservas vegetales y de
pescado, el calzado, el papel, el aceite, el vino y la harina. El entorno de
Barcelona seguía siendo, con diferencia, el primer núcleo industrial de España,
seguido por Vizcaya y las cuencas mineras asturianas, pero también despuntaban
otros centros como Madrid o Valencia, cada vez mejor conectados gracias al
ferrocarril, el telégrafo, los primeros teléfonos y la generalización
progresiva de la electricidad. El número de sociedades mercantiles registradas
y la ampliación del sistema financiero, ayudado por el retorno de capitales indianos,
constituían también buenos ejemplos de un tejido productivo dispuesto a
aprovechar las oportunidades de crecimiento que iba a traer el siglo XX, un
tren que España no perdió, aunque no ocupara uno de los vagones preferentes.
Algo parecido podría decirse respecto al sector primario español,
acusado tradicionalmente de ser «el pozo de todos los males». El historiador
Josep Puyol desmonta este tópico de inmovilismo semifeudal, del arcaísmo y el
absentismo, para poner de relieve una realidad agraria bien diferente, mucho
más dinámica y compleja. Si antes citamos la metáfora del tren para mostrar el
despegue europeo hacia la modernidad, ahora encontramos la imagen de un gran
árbol con un tronco común y varias ramas desiguales. Lo que ocurrió en el caso
español, según el autor mencionado, es que el modelo europeo de desarrollo, al
operar en las condiciones biológicas y medioambientales peninsulares generó
menores tasas de crecimiento, fuertes desigualdades sociales y una larga serie
de conflictos y enfrentamientos.
Según esta interpretación, de poco valían las nuevas técnicas de
cultivo intensivo de la Europa atlántica en las regiones del centro y el sur
del país, de predominio cerealístico, donde faltaban tanto el agua y el abono
orgánico como una oferta tecnológica adecuada. A la maquinaria escasa se
sumaban las limitaciones de los regadíos tradicionales y la gran cantidad de
tierras que permanecían improductivas por el uso generalizado del barbecho y
las reservas de pastos. Diferente fue la situación de las regiones húmedas del
norte, donde convivían las explotaciones ganaderas y la agricultura de
autoconsumo, y la de las zonas de regadío de la periferia mediterránea
especializadas en cultivos de huerta y frutales, mucho más relacionadas con el
comercio exterior. El uso intensivo de fertilizantes minerales y químicos, la
renovación tecnológica y la intervención del Estado a través de planes
hidráulicos para extender la superficie de regadío son procesos que pertenecen
a la historia del siglo XX y que apenas se habían iniciado a finales de la
centuria anterior. De todas formas, aunque fuera de una manera modesta, la
agricultura española no dejó de crecer en el siglo XIX y mostró una notable
capacidad de adaptación a los cambios y los retos del mercado.
Aunque en el cambio de siglo los indicadores macroeconómicos
presentaban un panorama moderadamente positivo, como hemos apuntado, la
percepción popular quedaba muy lejos de las estadísticas oficiales y de la
comparación internacional. Lo que veían las clases inferiores era la miseria
que se podía palpar en muchas comunidades rurales y en los barrios obreros de
las ciudades. No tenían ninguna sensación de vivir mejor que sus padres, como
ha señalado con acierto Juan Pan-Montojo, ni de haber abandonado la lucha
cotidiana por la supervivencia. La pobreza era un problema muy extendido y
permanente que amenazaba a tres cuartas partes de la población española. Los
pobres “asistidos” por la Iglesia y los ayuntamientos eran un 2 ó 3% de la
población. Un segundo grupo eran los “pauperizados”, un 20%, que incluían a las
familias que resultaban atrapadas por la necesidad y buscaban el socorro
público en los padrones de pobres. El tercer grupo y más números era un 60% de
la población, los “pauperizables” que quedaban en el límite de la subsistencia,
amenazados con caer en la pobreza en cuanto se presentara una coyuntura
desfavorable, un problema familiar, una mala cosecha o un invierno crudo. Desde
esta perspectiva, no era de extrañar que las clases populares percibieran con
temor y hostilidad la variación de unos céntimos en el precio del pan, el
anuncio de un recargo del odiado impuesto de consumos, la amenaza de
desaparición de un recurso comunal o la llegada del sorteo de quintas que se
llevaba los brazos de los hijos pobres que no tenían dinero para pagar la
redención en metálico.
|
7. ¿Por qué el Desastre del 98 provocó tanta conmoción en la
sociedad española del momento? 8. ¿Por qué Puerto Rico y Guam pasan a manos de EE.UU., mientras
que Cuba y Filipinas ganan su independencia? 9. ¿Qué conclusiones se pueden extraer del balance de víctimas de
soldados españoles en la guerra de Cuba? 10. ¿Por qué podemos decir que la sociedad española de finales del XIX se mueve entre el cambio y la pervivencia? Argumenta tu respuesta. |
CONCEPTOS
Y CRONOLOGÍA TEMA 9
1-
Lliga Regionalista: partido
político catalán creado en 1901, en Barcelona, como resultado de la fusión del
Centre Nacional Catalá y de la Unió Regionalista. Sus dirigentes más destacados
fueron Prat de la Riba y Francesc Cambó. Fue el partido más importante del
catalanismo político hasta 1931.
2-
Pacto de El Pardo: supuesto
acuerdo establecido el 24 de noviembre de 1885 entre Cánovas del Castillo y
Sagasta para alternarse en el gobierno del Estado. Con este acuerdo se
pretendía fortalecer el sistema de la Restauración después de la muerte de
Alfonso XII.
3-
Caciques: notables
locales cuyo nombre derivaba de los mediadores indios del Imperio español en
América. En la Restauración eran el último escalón de las clientelas políticas
que formaban los partidos del turno, y quienes se ocupaban de dirigir el voto
de las personas de sus pueblos.
4-
Marxismo: socialismo
científico o comunismo. Teoría económica, social, política y filosófica
elaborada por Karl Marx y Friedrich Engels, difundida a partir del Manifiesto
Comunista publicado en 1848 y desarrollada posteriormente por otros autores.
Surge de la crítica al sistema capitalista y propugna la organización de los
trabajadores en partidos políticos para la conquista del poder y la transformación
social, poniendo fin a la sociedad de clases, mediante la propiedad colectiva
de los medios de producción.
5-
Anarquismo: ideología
que basa sus principios en la sustitución de la autoridad y jerarquía del
Estado por la solidaridad y apoyo mutuo de los individuos y grupos sociales.
Estas propuestas ideológicas han existido desde la antigüedad, pero es en el
periodo contemporáneo cuando fraguan como teoría política y revolucionaria.
Entre sus principales pensadores destacan Proudhon, M. Bakunin y Kropotkin.
6-
Desastre del 98. Pérdida de
los últimos restos del imperio colonial español (Cuba, Puerto Rico y
Filipinas).
7-
Encasillado. Una de las
prácticas características del caciquismo. En Madrid, el Ministro de la
Gobernación elabora el encasillado nacional de diputados que han de ser
elegidos para asegurar la mayoría parlamentaria al gobierno; se decide qué
personaje va a salir elegido por cada distrito electoral, con el que no tiene
ninguna relación ni antes, ni después de ser elegido. Se le coloca en esa
casilla electoral y "el cunero" sale elegido, esa es una de las
funciones de los caciques de la zona. Práctica común durante la Restauración.
8-
Turno pacífico. Sistema
ideado por Cánovas del Castillo basado en el turno de los partidos conservador
y liberal en el gobierno durante la Restauración. El poder obtenido no era
expresión de la voluntad de los electores, sino del acuerdo y pactos previos de
los dirigentes de los partidos.
Cronología:
Alfonso XII llega a España (1875)
Promulgación de la Constitución (1876)
Paz de Zanjón (1878)
Creación del Partido Socialista Obrero Español PSOE (1879)
Pacto de El Pardo (1885)
Nace Alfonso XIII (1886)
Se reintroduce en España el sufragio universal (1890)
Creación del Partido Nacionalista Vasco PNV (1895)
Asesinato de Cánovas del Castillo (1897)
Explosión del buque estadounidense Maine (1898)
Mayoría de edad de Alfonso XIII (1902)
[1] Institución
libre de Enseñanza: institución educativa creada en 1876 por profesores
separados de sus clases a consecuencia de su protesta contra los decretos de
instrucción pública de 1875, atentatorios contra la libertad de cátedra. Sus
fundadores fueron Giner de los Ríos, Azcárate y Salmerón, y se basaba en los
principios de la filosofía krausista.
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